El primer ministro canadiense, Mark Carney, presentó en Calgary un plan para construir un segundo oleoducto de gran capacidad desde los yacimientos bituminosos de Alberta hasta la costa de Columbia Británica, con el objetivo de exportar hasta un millón de barriles diarios de crudo a los mercados asiáticos. El proyecto, cuyo costo se estima entre 35.200 y 43.700 millones de dólares canadienses, seguirá en gran parte el trazado del existente Trans Mountain y se espera que esté operativo entre 2032 y 2034. La iniciativa se enmarca en un paquete más amplio que incluye la ampliación del puerto de Vancouver, la construcción de cinco terminales de gas natural licuado y una inversión total que, según Carney, catalizará más de 200.000 millones de dólares en nuevos capitales.

Desde la óptica de Alberta, la provincia que concentra las mayores reservas de crudo del país, el oleoducto representa una válvula de escape frente a la dependencia casi total del mercado estadounidense, que absorbe el 60% de las importaciones petroleras de Estados Unidos. La premier Danielle Smith defiende el proyecto como una vía para duplicar la producción provincial en la próxima década y mitigar el diferencial de precios que castiga al crudo pesado canadiense. Sin embargo, analistas energéticos en Calgary advierten que ningún productor importante ha asumido compromisos firmes de uso y que la viabilidad comercial a largo plazo sigue sin estar garantizada, sobre todo cuando la construcción se prolongará durante al menos una década.

En la costa del Pacífico, el gobierno de Columbia Británica y las Primeras Naciones costeras han condicionado su apoyo a salvaguardas ambientales concretas. El premier David Eby obtuvo el compromiso federal de mantener la moratoria que prohíbe el tránsito de petroleros por la costa norte, una línea roja para comunidades indígenas que temen que un derrame pueda destruir su modo de vida. A cambio, la provincia no recurrirá a los tribunales y negociará un marco jurídicamente vinculante que garantice compensaciones económicas y un fondo para emergencias. La jefa de la Nación Heiltsuk, Marilyn Slett, calificó la protección de la costa como “fuente de prosperidad, no un obstáculo”, mientras organizaciones ecologistas denuncian que expandir la producción de combustibles fósiles contradice los compromisos climáticos en un momento de creciente inestabilidad meteorológica.

En paralelo, la promesa de Carney de eliminar las barreras al comercio interprovincial antes de julio de 2026 sigue sin cumplirse. Aunque Ottawa eliminó los obstáculos federales —que nunca fueron el principal escollo—, los gobiernos provinciales mantienen regulaciones que encarecen o impiden la circulación de bienes como el vino, los materiales de construcción y los servicios profesionales. La bodega Painted Rock Estate Winery, en la Columbia Británica, ejemplifica la paradoja: exportar a Alemania resulta más barato y sencillo que vender a otras provincias canadienses. Economistas como Don Drummond, del Instituto C.D. Howe, señalan que la incertidumbre comercial global no ha sido suficiente catalizador para que las provincias renuncien a sus barreras, pese a que la Constitución establece la libre admisión de productos entre ellas.

El próximo hito será la presentación formal del proyecto ante la Oficina de Grandes Proyectos en septiembre de 2027, fecha prevista para el inicio de las obras. Antes, los gobiernos federal y de Alberta deberán negociar el reparto de la financiación y el eventual traspaso de la participación mayoritaria al sector privado, mientras se intensifican las consultas con las comunidades indígenas y se definen los compromisos de reducción de emisiones de metano. La concreción del oleoducto y la reactivación del expediente de libre comercio interno definirán la capacidad de Canadá para reconfigurar su arquitectura comercial en un contexto de tensiones arancelarias con Washington.