En Indonesia, dos casos de extrema violencia contra mujeres han captado la atención pública. La abogacía del letrado Hotman Paris ha denunciado el caso de una mujer identificada como Meta, quien acusa a un oficial de policía en activo de Java Central de haberla sometido a maltratos, reclusión forzada, suministro de metanfetaminas y un ataque con ácido que le provocó quemaduras en el 47 % del cuerpo. La víctima, que contrajo matrimonio siri con el agente, relató que fue obligada a elaborar estupefacientes y que el agresor la abandonó en un hospital sin costear el tratamiento. Las autoridades confirmaron la detención del sospechoso y la apertura de una investigación. Paralelamente, el caso de Yuvita Tri Rezeki, secuestrada y torturada durante casi tres años por su pareja en Bandung, ha movilizado una ola de solidaridad que recaudó más de 2,5 mil millones de rupias para su futuro, mientras el Gobierno regional y el Ministerio de Salud asumen los gastos médicos y la reconstrucción facial. La reconstrucción de los hechos, con 21 escenas, reveló golpes con casco, objetos metálicos y machete, aunque se descartó el uso de tijeras en los labios de la víctima.

En Brasil, la Policía Civil de Sobradinho detuvo a un hombre de 42 años acusado de violar a una pareja de mujeres jóvenes tras asaltarlas a punta de cuchillo. Las víctimas, de 20 y 19 años, relataron que el agresor las mantuvo bajo amenaza durante dos horas y que varios vehículos pasaron sin auxiliarlas. El detenido fue reconocido formalmente y se le incautaron pertenencias de las víctimas. En Mato Grosso, un teniente coronel de la Policía Militar es investigado por extorsión, amenazas y acoso tras exigir a una joven de 20 años el envío de imágenes íntimas bajo la amenaza de revelar una relación paralela. La víctima solicitó medidas de protección urgentes.

En Norteamérica, un tribunal de Texas condenó a 33 años de prisión a una maestra de 30 años por abusar sexualmente de un alumno de 13. El menor declaró que los hechos le provocaron depresión y ansiedad. En Montreal, la policía busca a un sospechoso de cuatro agresiones sexuales en el transporte público ocurridas en 2025 y 2026; las autoridades creen que puede haber más víctimas y han activado un dispositivo interinstitucional contra delitos seriales. Desde el Reino Unido, un hombre de 71 años recibió una condena de 18 semanas de cárcel por enviar mensajes insistentes de contenido amoroso a una adolescente durante tres años, pese a las advertencias de la madre.

En Colombia, la Secretaría de la Mujer de Bogotá ha identificado a 35 mujeres en riesgo por ataques con agentes químicos en lo que va de año. Una sobreviviente, Claudia Mónica Portilla, relató el ataque con ácido que sufrió en 2020 en Putumayo, un caso que ilustra la deuda pendiente en la protección a las víctimas de esta forma de violencia. Mientras, en Kuala Lumpur, un video viral mostró a un hombre orinando en una escalera mecánica del metro, lo que llevó al operador Rapid KL a recordar a los usuarios la obligación de reportar conductas incívicas, aunque sin precisar si el individuo fue identificado.

Las investigaciones continúan en la mayoría de estos episodios. En Indonesia, el oficial detenido aguarda la publicación de su identidad; en Brasil, los acusados enfrentan procesos penales y administrativos; en Montreal, la policía solicita colaboración ciudadana. La coincidencia temporal de estos sucesos ha reavivado el debate sobre la respuesta institucional frente a la violencia machista y el abuso de poder en distintos continentes.