Lorenzo Salgado Araujo, un trabajador de la construcción mexicano de 52 años que residía desde hacía tres décadas en Estados Unidos, murió el martes 7 de julio por disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el barrio Magnolia Park de Houston, Texas. Se dirigía a una obra al volante de una camioneta en la que viajaban su hermano y dos compañeros. Horas después, más de un millar de personas se manifestaron en el lugar para exigir justicia, en una protesta que recorrió las calles del East End, de mayoría hispana y clase trabajadora.

Las versiones sobre lo ocurrido son contradictorias. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostiene que Salgado Araujo ignoró las órdenes de los agentes, intentó embestirlos con su vehículo y que el oficial disparó en defensa propia. La familia, que describe al fallecido como un padre de tres hijos ciudadanos estadounidenses sin antecedentes penales y próximo a regularizar su situación, cuestiona ese relato y recuerda que los agentes viajaban en vehículos sin distintivos. Legisladores demócratas exigieron la difusión inmediata de todas las grabaciones de las cámaras corporales y de los vehículos, y reclamaron una investigación “plenamente independiente y transparente”. La fiscalía del condado de Harris denunció que las autoridades federales le impiden realizar una pesquisa paralela, mientras la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) ofrece una recompensa por videos de los hechos y acusa al ICE de presionar a los tres testigos detenidos para que firmen órdenes de autodeportación.

La respuesta del Gobierno mexicano dio un giro contundente. La presidenta Claudia Sheinbaum y el canciller Roberto Velasco anunciaron que, tras once notas diplomáticas de protesta sin resultados satisfactorios, se presentarán denuncias penales ante las fiscalías estatales y el Departamento de Justicia de Estados Unidos por la muerte de 17 connacionales —14 bajo custodia en centros de detención y tres durante operativos—. Además, se iniciarán acciones civiles contra las empresas privadas que gestionan esos centros, se solicitarán medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se pedirá la intervención del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. El embajador mexicano en Washington, Roberto Lazzeri, declaró que “la vida y la dignidad humana están primero” y que se buscará una revisión transparente de los protocolos del ICE.

El caso de Houston eleva a al menos seis las personas abatidas por agentes migratorios desde enero de 2025, entre ellas los ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Pretti, cuyas muertes en Minneapolis desmintieron en video la versión oficial de defensa propia. Según cifras del Gobierno mexicano, 58 personas de distintas nacionalidades han fallecido en centros de detención del ICE en los últimos dos años. La Oficina del Inspector General del DHS y la oficina del FBI en Houston investigan el tiroteo, pero hasta el momento no se han difundido imágenes. La familia aún no ha podido recuperar el cuerpo, y el caso añade una nueva arista a la ya tensa relación bilateral.