La administración estadounidense decidió no prorrogar por otros 16 años el T-MEC en su forma actual, lo que activa de inmediato un mecanismo de revisiones anuales que se prolongará hasta 2036. La medida no cancela el acuerdo ni modifica las preferencias arancelarias vigentes, pero altera el horizonte de planeación de las empresas que operan en la región. Desde la óptica de analistas en Ciudad de México, la decisión introduce una capa de incertidumbre que ya se refleja en proyecciones de crecimiento: S&P Global Ratings redujo su expectativa para el PIB mexicano en 2026 a 1.0 por ciento y advirtió que un período prolongado de negociaciones mantendrá débil la inversión.

El tratado, en vigor desde 2020, contemplaba una extensión automática si ninguna de las partes manifestaba objeciones antes del 1 de julio. Washington optó por la vía de la revisión continua con el argumento de recuperar empleos manufactureros, reducir el déficit comercial y fortalecer las cadenas de suministro frente a la dependencia de insumos asiáticos. El secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard, confirmó que la primera ronda bilateral se celebrará en la semana del 20 de julio en la capital mexicana, donde se abordarán catorce temas prioritarios, entre ellos reglas de origen, aranceles y la integración de sectores estratégicos como el automotriz y el agropecuario.

La decisión estadounidense tiene lecturas diferenciadas en la región. Desde Washington, se insiste en que no hay intención de abandonar el pacto, pero se vincula la revisión a exigencias en materia migratoria, de seguridad y de tráfico de fentanilo. En Ottawa, el gobierno de Mark Carney, con mayoría parlamentaria reciente, considera que la posición negociadora canadiense se ha fortalecido y apuesta por diversificar mercados hacia Asia, sin ceder acceso preferente a recursos naturales ni a empresas de alto valor agregado. Mientras, en México, la presidenta Claudia Sheinbaum atribuyó la postura estadounidense a la política proteccionista de Donald Trump y descartó que esté ligada a asuntos internos, aunque voces empresariales reclaman reglas claras y certeza fiscal para sostener la competitividad.

El sector cárnico ilustra las tensiones subyacentes. Productores independientes estadounidenses, representados por la R-CALF USA, ven en la revisión una oportunidad para corregir lo que consideran deficiencias del T-MEC que han contraído la industria pecuaria local. Sin embargo, analistas de mercado en Brasil señalan que la menor oferta de ganado en Estados Unidos obliga a mantener importaciones de carne para procesamiento desde México y Canadá, lo que otorga a estos países una carta de negociación. Si se impusieran cuotas o reglas de origen más restrictivas, el efecto no sería una reducción de las compras totales estadounidenses, sino una sustitución de proveedores que podría beneficiar a exportadores de Sudamérica y Oceanía.

El próximo hito será la reunión bilateral del 20 de julio en la Ciudad de México. De su capacidad para acotar los alcances y plazos de las revisiones dependerá que la incertidumbre no se traduzca en una parálisis de las decisiones de inversión en América del Norte.