El gobierno interino de Venezuela ha dado un paso estratégico para reinsertar al país en el mapa energético global al otorgar a Shell una licencia para explorar y explotar el megacampo de gas Loran, un proyecto que permaneció abandonado durante 23 años. El campo, situado en aguas compartidas con Trinidad y Tobago, alberga siete yacimientos y se perfila como uno de los activos más relevantes de la región. La decisión, formalizada el 11 de junio, se enmarca en una serie de acuerdos con la petrolera anglo-neerlandesa que buscan reactivar tanto la producción de gas como la de crudo, y constituye la señal más clara hasta ahora de que Caracas apuesta por atraer capital internacional para superar el colapso de su infraestructura.

En paralelo, la administración de Delcy Rodríguez —quien asumió la presidencia encargada tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero— selló un memorando de entendimiento con GE Vernova para restaurar el sistema eléctrico nacional. El proyecto, calificado de “paso histórico” por la mandataria, prevé incorporar 1 gigavatio de potencia en los primeros 24 meses y alcanzar más de 5 gigavatios en un horizonte de cuatro años, con el objetivo de mitigar los apagones que han paralizado la economía y la vida cotidiana. Desde Washington, analistas interpretan el acuerdo como una señal de la nueva sintonía entre la Casa Blanca y un gobierno que, hasta hace pocos meses, era un crítico acérrimo de Estados Unidos.

La ofensiva diplomática y comercial se extiende a otros frentes. La estatal Pdvsa y la española Repsol firmaron un memorando de entendimiento para impulsar la exploración de crudo y gas en la costa oriental del Lago de Maracaibo, donde ya operan de forma conjunta en la empresa mixta Petroquiriquire. Al mismo tiempo, la compañía argentina Impsa —la primera empresa estatizada por el gobierno de Javier Milei— retomó las obras de la central hidroeléctrica Tocoma, un proyecto de 2.200 megavatios que llevaba años paralizado. La firma ya tiene fabricadas dos turbinas Kaplan de 225 megavatios cada una y, según su presidente, Jorge Salcedo, está coordinando con el Departamento de Estado y otras agencias estadounidenses las autorizaciones necesarias para avanzar. En Buenos Aires, la operación se lee como un gesto de pragmatismo: una empresa recién nacionalizada por un Ejecutivo libertario encuentra en la Venezuela pos-Maduro un terreno fértil para hacer negocios.

Pese al optimismo que rodea a estos anuncios, persisten interrogantes sobre la solidez institucional del nuevo rumbo. Críticos del gobierno interino advierten que, si bien la economía se abre a inversores foráneos, muchas estructuras clave del Estado permanecen bajo control del mismo partido que gobernó durante la era chavista. Desde la óptica de Bruselas y de analistas en Ciudad de México, el éxito de esta apertura dependerá de que los contratos se traduzcan en mejoras tangibles para la población y de que el alivio de sanciones internacionales se mantenga. Si las condiciones políticas lo permiten, Venezuela podría estar ante la oportunidad de transformar un sector energético devastado en un motor de recuperación, siempre que la ejecución técnica y la estabilidad regulatoria acompañen la ambición de los acuerdos.