El portavoz del poder judicial de la República Islámica, Asghar Jahangir, anunció que 3.292 personas fueron arrestadas en los últimos meses en aplicación de la ley que castiga la cooperación con Estados hostiles. Del total, 684 enfrentan acusaciones de “acciones operativas a favor de Israel”, 657 por colaboración económica, financiera o tecnológica, 201 por asistencia y 1.258 por actividades políticas, propagandísticas o mediáticas. Además, 193 personas son investigadas por uso, tenencia o comercio de dispositivos electrónicos sin licencia, y ya se han emitido 1.061 actas de acusación. Jahangir informó también de la identificación de “cientos de bienes” de los detenidos, en una ofensiva que incluye el bloqueo de cuentas de más de un centenar de figuras de medios persas en el extranjero.

La justificación oficial, según Teherán, se enmarca en la lucha contra el espionaje y la infiltración enemiga tras la guerra de doce días con Israel. Sin embargo, desde la óptica de Amnistía Internacional y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, las autoridades iraníes utilizan la “condición de guerra” como pretexto para intensificar la represión: arrestos arbitrarios masivos, procesos sumarios, condenas severas, ejecuciones con motivación política y confiscación de bienes. Las capitales europeas —Londres, París y Berlín— han condenado la violencia contra los manifestantes y exigido el respeto a las libertades de reunión y expresión. En Roma, fuentes del Ministerio del Interior italiano vinculan el fundamentalismo islámico con la inmigración irregular y refuerzan las expulsiones de radicalizados, en un contexto de alerta securitaria compartida por varios gobiernos de la Unión Europea.

La escalada represiva se produce tras las protestas de diciembre y enero pasados, desencadenadas por el agravamiento de la crisis económica, el desplome del rial a mínimos históricos y un fuerte aumento de precios. El régimen acusó a Estados Unidos e Israel de instigar las movilizaciones y, según reportes de prensa, Washington llegó a considerar ataques contra objetivos no militares en respuesta al trato dado a los manifestantes. En paralelo, el bloqueo de internet durante 88 días buscó impedir la organización de nuevas protestas y la difusión de imágenes al exterior. La ofensiva judicial se extiende al espacio digital: Jahangir detalló que 56 grupos de trabajo conjunto con entidades estatales identificaron más de 50.000 páginas con unos seis millones de contenidos considerados delictivos en plataformas extranjeras.

El uso de la pena capital ya mostraba una tendencia al alza antes del conflicto: 834 ejecuciones en 2023, el máximo en ocho años, frente a 576 en 2022. En lo que va de 2026, el comisionado de derechos humanos de la ONU, Volker Türk, contabilizó alrededor de 40 ejecuciones por “actos contra la seguridad nacional”, de las cuales 18 corresponden a participantes en las protestas de diciembre. Datos de tres provincias iraníes revelan más de 1.800 causas judiciales abiertas solo por aquellas movilizaciones. El propio Jahangir precisó que el 44 % de los acusados por colaboración con el enemigo permanece en prisión preventiva, el 47 % fue liberado bajo fianza y al 9 % se le impuso caución. Mientras los procesos avanzan y la identificación de activos continúa, los organismos internacionales mantienen el expediente bajo seguimiento ante el temor de nuevas ejecuciones y confiscaciones.