El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Utah revocó la licencia del campus de Springville de la Provo Canyon School, un centro psiquiátrico residencial para adolescentes, y ordenó el cese de operaciones antes del 6 de agosto. La decisión cita desde 2025 fallas en la proporción de personal, uso innecesario de contención física, contacto agresivo, negligencia médica y omisión en la verificación de antecedentes de empleados. La escuela ya operaba con licencia condicional; en un incidente, un trabajador agredió a un alumno inmovilizado sin que se buscara atención inmediata. La directora de licencias estatal, Shannon Thoman-Black, precisó que los propietarios no podrán solicitar una nueva licencia por cinco años y que el estado supervisará el traslado de los menores a entornos seguros.

Paris Hilton, quien estuvo internada allí once meses en 1997, celebró la medida como el resultado de años de activismo. Ha denunciado que sufrió golpizas, aislamiento, medicación forzada y exámenes vaginales practicados por personal no médico como abuso sexual. Desde 2020, Hilton testificó ante el Congreso estadounidense y legislaturas estatales, contribuyendo a la aprobación de leyes de protección en Utah y otros quince estados. En redes sociales, afirmó que «el lugar que me lastimó a mí y a incontables niños ya no podrá operar» y que la decisión es «un paso poderoso para proteger a las generaciones futuras». Organizaciones de infancia norteamericanas enmarcan el caso dentro de las deficiencias de la llamada «industria del adolescente problemático», una red de centros privados con fines de lucro que, según denuncias recogidas por el Congreso, ha operado con escasa supervisión federal.

La dirección de la escuela, bajo una administración distinta a la de los años noventa, manifestó su desacuerdo y evalúa opciones legales, incluida una apelación. Su director ejecutivo, Tim Marshall, afirmó que la prioridad es «brindar atención segura y de alta calidad». El campus para varones en Provo también soporta restricciones temporales desde junio, cuando se constató que el personal no protegió a un menor en una pelea ni le procuró atención médica. Analistas del sector en Estados Unidos observan que Utah ha concentrado históricamente un número elevado de estos centros, varios de ellos cuestionados por exresidentes y comités legislativos.

El estado realizará inspecciones semanales hasta el cierre definitivo. La prohibición de reaplicar por una licencia durante un lustro y la obligación de trasladar a los menores a lugares seguros configuran un desenlace que, según fuentes del Departamento de Salud, busca evitar riesgos adicionales. El caso queda a la espera de la posible audiencia de apelación y de la evolución de las restricciones en el campus masculino, mientras en Washington prosigue el debate sobre una regulación federal más estricta para estos centros.