Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos disparó mortalmente a un ciudadano colombiano de 26 años, Joan Sebastián Guerrero, durante un operativo de control vehicular en Biddeford, Maine, la mañana del lunes 13 de julio. El suceso, que ocurrió frente a la esposa y la hija de tres años de la víctima, desencadenó protestas locales y una orden de suspensión temporal de las detenciones de tráfico por parte de la agencia federal.

Guerrero, quien según organizaciones de defensa de inmigrantes como la Coalición por los Derechos del Inmigrante de Maine (MIRC) y Presente! contaba con permiso de trabajo y número de Seguro Social, no era el objetivo del operativo. El senador independiente Angus King confirmó que el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, le comunicó que la persona fallecida no era el destinatario de la orden de arresto que ejecutaban los agentes. La versión oficial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostiene que el conductor intentó huir y que el agente abrió fuego “por temor a la seguridad pública”. Sin embargo, testigos presenciales y videos de seguridad difundidos por Reuters muestran un vehículo que zigzaguea lentamente antes de ser embestido por una camioneta sin distintivos, y a un agente apuntando hacia el interior del automóvil. Un testigo declaró haber oído a la víctima decir “Intenté detenerme” antes de desplomarse.

La muerte de Guerrero se produjo apenas seis días después de que otro agente del ICE abatiera a Lorenzo Salgado Araujo, un mexicano de 52 años, en un control de tráfico en Houston, Texas. En ambos casos, los agentes no portaban cámaras corporales, lo que ha dificultado la verificación independiente de los hechos. La administración Trump atribuyó la falta de equipos a “cierres de gobierno consecutivos causados por los demócratas”. Tras estos episodios, el ICE instruyó a sus agentes de la división de Operaciones de Control y Deportación (ERO) suspender “la mayoría” de las paradas vehiculares hasta nuevo aviso, aunque se mantendrán excepciones para la ejecución de órdenes penales en coordinación con otras agencias.

Desde Bogotá, el presidente Gustavo Petro calificó el hecho de “asesinato” y exigió al gobierno de Donald Trump un pronunciamiento y que “los asesinos paguen por su homicidio”. La Embajada de Colombia en Washington solicitó aclaraciones al DHS y brinda asistencia consular a la familia, que ha iniciado una campaña para repatriar el cuerpo. La Oficina del Inspector General del DHS, el FBI y la fiscalía estatal de Maine investigan lo ocurrido. Con estos dos casos, ascienden a al menos nueve las personas muertas por disparos de agentes del ICE desde el inicio de la segunda administración Trump, según recuentos de medios estadounidenses.