A pocas horas de que Ankara reciba a los líderes de los 32 países de la OTAN, las autoridades turcas han ejecutado una ola de detenciones que abarca a más de un centenar de manifestantes, una cuarentena de periodistas, académicos y activistas, así como a decenas de personas en operaciones antiterroristas. La gobernación de la capital prohibió todas las protestas hasta el fin de la cumbre, mientras la policía bloqueó las principales arterias y estableció un perímetro de seguridad que, según medios turcos, paralizó el tráfico. El Partido Comunista de Turquía (TKP) informó de la detención de más de cien de sus miembros durante una marcha en la céntrica plaza Kızılay, dispersada con gases lacrimógenos, y en Estambul cientos de personas se manifestaron sin incidentes graves pese al fuerte dispositivo policial.

Desde la óptica del gobierno turco, las redadas forman parte de la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. La fiscalía de Ankara coordinó operativos simultáneos en varias provincias que, según reportes de la prensa local, se saldaron con 46 detenidos por presuntos delitos relacionados con armas de fuego y con la captura de 209 sospechosos de vínculos con el Estado Islámico y grupos de extrema izquierda. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y partidos opositores interpretan estas acciones como un intento de silenciar la disidencia. El copresidente del prokurdo Partido DEM, Tuncer Bakirhan, denunció que “el país se ha convertido en un centro de detención con la excusa de la cumbre de la OTAN” y habló de una “ley marcial no declarada”. La Asociación de Juristas Contemporáneos (ÇHD) confirmó el arresto de su presidenta en Estambul, Ezgi Önalan, y de varios de sus clientes, mientras que el Sindicato de Periodistas de Turquía y Reporteros sin Fronteras (RSF) calificaron las operaciones de “ciegas, arbitrarias y desordenadas”.

En el plano internacional, la situación ha generado fricciones diplomáticas. La fracción socialdemócrata alemana (SPD) exigió al canciller Friedrich Merz que durante la cumbre aborde “los continuos ataques del presidente Erdoğan contra la oposición y el Estado de derecho”. Analistas en Bruselas señalan que la presión de Berlín podría trasladarse a reuniones bilaterales, aunque la OTAN ha evitado pronunciarse sobre las detenciones y se ha limitado a señalar que las acreditaciones de prensa —negadas a medios como Cumhuriyet, Halk TV o las agencias Anka y Medyascope— son decisión del país anfitrión. Desde América Latina, observadores en Ciudad de México y Buenos Aires advierten que la imagen de Turquía como socio estratégico de la alianza se ve empañada por lo que consideran un patrón de restricción de libertades en coyunturas internacionales.

La cumbre, que se celebra el martes y el miércoles, transcurrirá bajo un estado de excepción de facto en Ankara. Las detenciones continúan sin que se hayan precisado los cargos en la mayoría de los casos, y los abogados defensores denuncian falta de acceso a los expedientes. El dossier de derechos humanos se perfila como un tema inevitable en los márgenes del encuentro, aunque la agenda oficial se centrará en la disuasión frente a Rusia y el reparto de cargas de defensa. Se espera que en las próximas horas organizaciones como Amnistía Internacional y la propia RSF emitan pronunciamientos, mientras los detenidos permanecen bajo custodia policial a la espera de decisiones judiciales.