El excandidato presidencial peruano Roberto Sánchez declaró este domingo que la administración entrante de Keiko Fujimori “nace con una profunda ilegitimidad” y anunció la conformación de un frente patriótico para “recuperar la democracia”. La declaración, realizada en Lima tras la derrota en segunda vuelta, estuvo acompañada de la exigencia de investigar las muertes en las protestas de 2022 y 2023 y de liberar al expresidente Pedro Castillo. De forma paralela, en Japón, la primera ministra Sanae Takaichi enfrenta un estancamiento parlamentario: la oposición se niega a debatir 17 proyectos de ley del Gobierno, entre ellos la reforma de la Ley de la Casa Imperial y la creación de una agencia de prevención de desastres, lo que obliga al oficialismo a evaluar una prórroga de la sesión legislativa.

Desde la óptica de la coalición izquierdista Juntos por Perú, el proceso electoral careció de transparencia y trazabilidad, y se modificaron las reglas de conteo del voto extranjero a pocos días de la votación. Sánchez sostuvo que ganó en el territorio nacional con el 50,08 % de los sufragios y en 16 de las 24 regiones, y acusó al embajador de Estados Unidos en Lima, Bernie Navarro, de haber “metido las narices” al reunirse con autoridades electorales y actuar como observador. El partido recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con una petición de medidas cautelares para frenar la proclamación oficial. En contraste, fuentes del organismo electoral peruano confirmaron el triunfo de Fujimori por un margen de 0,05 puntos porcentuales gracias al voto en el exterior, resultado que la presidenta electa considera refrendado por las instituciones.

En Tokio, la parálisis legislativa tiene raíces distintas pero consecuencias institucionales similares. Según reportes de la prensa japonesa, la oposición condiciona el debate a las explicaciones del Ejecutivo sobre un escándalo de difamación: un asistente de Takaichi habría difundido videos contra rivales durante la campaña. La primera ministra defendió su plan de presentar un documento con el relato del colaborador, argumentando que ello “ayudaría a los interpelantes y al público a comprender mejor el panorama completo”, y negó que se trate de una maniobra para eludir el escrutinio en la Dieta. Sin embargo, los partidos opositores mantienen su rechazo a discutir iniciativas como la enmienda al Código Procesal Penal y la reducción de escaños en la Cámara Baja, lo que deja al gobierno en minoría en la Cámara de Consejeros sin margen para aprobar las normas.

Analistas en Lima observan que la impugnación de Sánchez, aunque con escasas posibilidades de revertir el resultado, prolonga la fractura política y podría movilizar a sectores que aún desconocen la autoridad de Fujimori, en un país donde las protestas antigubernamentales de 2022-2023 dejaron medio centenar de fallecidos. En Japón, la dirigencia del Partido Liberal Democrático prevé reunirse con la oposición para destrabar la sesión; si no hay acuerdo, se extendería el período de sesiones hasta fin de mes, una medida permitida por tratarse de una sesión especial poselectoral. Ambos escenarios ilustran, desde distintas latitudes, cómo disputas sobre la legitimidad de los procesos electorales y la rendición de cuentas pueden ralentizar la gobernabilidad y la agenda legislativa.