El Ministerio de Asuntos Exteriores de Nigeria anunció que el último vuelo de evacuación para sus nacionales en Sudáfrica llegará el 10 de julio, en el marco de una operación de repatriación que ya ha trasladado a más de 800 personas. La decisión se produce tras la muerte de dos ciudadanos nigerianos —Emeka Charles Iroegbu, presuntamente a manos de la policía metropolitana de Tshwane, y Musa Yunana Joe, asesinado frente a su comercio en eMalahleni— en un contexto de protestas y agresiones contra migrantes africanos. Según fuentes oficiales en Abuya, el presidente Bola Tinubu extendió el plazo de la evacuación más allá del 30 de junio ante la falta de señales de mejora en la seguridad.

Desde la óptica de Abuya, la respuesta sudafricana ha sido insuficiente. La ministra de Asuntos Exteriores, Bianca Odumegwu-Ojukwu, exigió una investigación urgente y que los responsables comparezcan ante la justicia. El gobierno nigeriano también ha planteado una demanda de compensación por los bienes y propiedades abandonados por los repatriados. Sin embargo, desde Pretoria, la ministra Khumbudzo Ntshavheni rechazó cualquier indemnización y, en una declaración que el Ministerio de Asuntos Exteriores nigeriano calificó de “discurso de odio”, afirmó que las autoridades sudafricanas estarían interesadas en conocer la ubicación de los “narcopisos de nigerianos” para erradicar las drogas del país. Esta escalada retórica tensa aún más las relaciones bilaterales.

La ola de hostilidad no se limita a Nigeria. El gobierno de Uganda evacuó a 424 ciudadanos y reportó la muerte de tres ugandeses durante los disturbios. Ghana y Malaui también han repatriado a parte de sus comunidades. Los grupos antiinmigrantes, como March on March y Operation Dudula, habían fijado el 30 de junio como fecha límite para que los extranjeros indocumentados abandonaran el país, movilizando marchas que, según analistas de la Universidad de Witwatersrand, se alimentan de un desempleo superior al 30 % y de la percepción —compartida por el 70 % de los sudafricanos, de acuerdo con un estudio de esa institución— de que los migrantes quitan puestos de trabajo. Especialistas en Johannesburgo señalan que la concentración de la riqueza, con un coeficiente de Gini de 0,63, y la frustración por la falta de democratización económica tras el fin del apartheid subyacen a la violencia, que califican de “afrofobia” por dirigirse exclusivamente contra africanos negros de otros países.

Comentaristas en medios de África occidental recuerdan la ironía histórica: Sudáfrica, que fue escenario de la masacre de Sharpeville el 21 de marzo de 1960 y recibió solidaridad panafricana durante la lucha contra el apartheid, es hoy el epicentro de ataques contra ciudadanos de naciones que apoyaron su liberación. El presidente Cyril Ramaphosa reconoció el malestar comunitario por la presencia de comercios extranjeros y prometió políticas de apoyo a la empresa local, pero las evacuaciones masivas y la advertencia nigeriana de que “todas las opciones están sobre la mesa” —incluida una posible acción legal regional— dejan el dossier abierto. El último vuelo nigeriano partirá de Johannesburgo el 7 de julio y se espera que, tras su llegada, la presión diplomática se traslade a foros como la Unión Africana.