El Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó este lunes por consenso una resolución que condena la escalada de violencia en la ciudad sudanesa de El-Obeid, exige el cese inmediato de las hostilidades y ordena una investigación urgente sobre las presuntas violaciones cometidas por las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) y sus aliados. El texto, impulsado por el Reino Unido con el respaldo de Alemania, Irlanda, Países Bajos y Noruega, demanda una tregua humanitaria que garantice el acceso sin trabas de la asistencia, condena el uso del hambre como método de guerra y rechaza toda injerencia externa que alimente el conflicto. La resolución mantiene el mandato de la misión internacional independiente de determinación de los hechos, pese a la objeción de las autoridades de Port Sudan, y le encarga presentar sus hallazgos en la sesión de septiembre.

La decisión del órgano con sede en Ginebra se produce en un contexto de devastación humanitaria documentada por distintas agencias de Naciones Unidas. Unicef alertó que al menos 330 niños han muerto o resultado heridos en lo que va de año, muchos de ellos en ataques con drones que los alcanzan en sus hogares, en mercados o mientras intentan acceder a servicios básicos. De forma paralela, un informe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos reveló la magnitud de la violencia sexual asociada al conflicto: hasta mediados de abril de 2026 se registraron 546 incidentes en 16 de los 18 estados sudaneses, con al menos 838 víctimas, en su mayoría mujeres y niñas. El documento detalla patrones de violación colectiva, esclavitud sexual y secuestros, y advierte que algunos de esos actos podrían constituir crímenes de guerra o de lesa humanidad.

Desde la óptica de las capitales europeas y de buena parte de los miembros del Consejo, la situación en El-Obeid reproduce el patrón de atrocidades masivas que el año pasado dejó unos 6.000 muertos en tres días en Al-Fashir, en Darfur Norte. El embajador sudafricano calificó la coyuntura de “alerta roja” y afirmó que las RSF están aplicando “el mismo manual genocida” de aquel episodio. Sin embargo, la resolución no menciona de forma explícita a los actores externos que, según diversos gobiernos y organizaciones, sostienen la capacidad militar de los paramilitares. La organización africana DefendDefenders lamentó que el Consejo “no aprovechara plenamente el momento” al no señalar lo que calificó como apoyo sostenido de los Emiratos Árabes Unidos a las RSF. El gobierno sudanés alineado con el ejército regular ha formulado acusaciones similares; los Emiratos Árabes Unidos las niegan de manera reiterada, aunque expertos de la ONU y legisladores estadounidenses han hallado indicios creíbles de respaldo militar emiratí. China, por su parte, se desvinculó de la decisión argumentando que no respalda investigaciones dirigidas contra un país sin su consentimiento.

En paralelo a la dinámica del Consejo, los Emiratos Árabes Unidos anunciaron una contribución humanitaria de emergencia por 30 millones de dólares destinada a los civiles afectados por el deterioro de las condiciones en El-Obeid, en coordinación con Naciones Unidas. La medida se inscribe, según fuentes oficiales emiratíes, en una política de Estado que concibe la asistencia humanitaria como un deber moral desvinculado de las coyunturas políticas. El expediente queda ahora a la espera de que la misión de investigación presente sus conclusiones en septiembre, mientras el enviado personal del secretario general, Pekka Haavisto, continúa los contactos para impulsar una salida negociada que, desde la perspectiva de la ONU, no puede ser militar.