El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró en una entrevista con el medio Axios que una acción militar contra Cuba es “posible”, aludiendo a la cercanía geográfica de la isla y comparando la situación con los recientes episodios de presión sobre Venezuela e Irán. Las declaraciones se producen en un momento de máximo cerco económico por parte de Washington, que desde enero ha impuesto un embargo de facto a las importaciones de crudo y ha sancionado a entidades extranjeras que operan en sectores estratégicos cubanos. Pese a la amenaza, Trump también afirmó que La Habana “quiere dialogar” y que el secretario de Estado, Marco Rubio, tendrá un papel central en las relaciones bilaterales.

En paralelo, el gobierno de Miguel Díaz-Canel aprobó en la Asamblea Nacional del Poder Popular un paquete de reformas que representan el mayor giro hacia el mercado desde el triunfo de la revolución en 1959. Las medidas, ratificadas por unanimidad, permiten la inversión privada en el desarrollo inmobiliario, la creación de bancos privados y la venta de participaciones de empresas estatales a capitales nacionales y extranjeros, incluidos los cubanos residentes en el exterior. Según explicó el propio Díaz-Canel, las reformas buscan “producir riqueza” para sostener la justicia social, y no suponen una renuncia al socialismo. Por primera vez, un mandatario cubano reconoció que los problemas económicos no se deben únicamente al “bloqueo” estadounidense, sino también a “obstáculos internos” como la lentitud burocrática y la falta de decisiones.

Desde la óptica de La Habana, la presión de Washington constituye un “plan de asfixia económica” que persigue paralizar la isla. El canciller Bruno Rodríguez denunció que el cerco energético y las sanciones adicionales —que han obligado a la minera canadiense Sherritt a suspender operaciones y a cadenas hoteleras españolas a retirarse— equivalen a un “bloqueo total de tipo militar”. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, advirtió además desde la base de Guantánamo que Cuba no debe procurarse misiles u otras armas que puedan alcanzar territorio estadounidense, so pena de una “confrontación que no podría soportar”. En este contexto, varios países caribeños y centroamericanos han puesto fin o renegociado sus acuerdos de cooperación médica con la isla, cediendo a las presiones de Estados Unidos.

Analistas en Europa y América Latina observan que la secuencia de amenazas y reformas reproduce, a menor escala, el guion aplicado por Washington con Irán y Venezuela, donde el endurecimiento de sanciones precede a negociaciones o a cambios en el modelo económico. Trump vinculó explícitamente ambos escenarios al señalar que, a diferencia de Venezuela, Cuba carece de grandes reservas petroleras, pero posee un atractivo turístico y una ubicación estratégica. La comparecencia de Díaz-Canel ante el comité central del Partido Comunista, en la que invocó los modelos de China y Vietnam como referencia, subraya la apuesta por un “capitalismo sin democracia” que garantice la supervivencia del sistema. No obstante, los antecedentes de reformas frustradas bajo la administración Obama —bloqueadas entonces por sectores internos cercanos a Fidel Castro— siembran dudas sobre la viabilidad y el ritmo de implementación. La administración estadounidense, por su parte, mantiene que no existe un plan de invasión inminente, aunque fuentes del Pentágono reconocen ejercicios de planificación para escenarios de crisis. La próxima tanda de sanciones y el desarrollo de los anunciados mecanismos de diálogo marcarán el rumbo de un dossier que vuelve al primer plano de la política exterior estadounidense.