El gobierno iraní aprobó la renovación automática de todos los contratos de alquiler residencial que venzan hasta finales de 2026, con un incremento máximo del 25 por ciento tanto en la renta como en el depósito de garantía. La ministra de Vías y Urbanismo, Farzaneh Sadeq, comunicó que la decisión, adoptada por los jefes de los tres poderes del Estado, prohíbe a los tribunales emitir órdenes de desalojo por el solo vencimiento del plazo contractual, salvo en cuatro excepciones: obtención de licencia de demolición o reforma, venta formal del inmueble, necesidad de vivienda del propietario acreditada judicialmente e incumplimiento grave del inquilino. Según fuentes oficiales en Teherán, la medida responde a lo que califican como “tercera guerra impuesta” y a la presión económica sobre los hogares, y busca estabilizar un mercado que coincide con la temporada alta de mudanzas.

Desde la óptica de Nueva Delhi, la protección del inquilino adopta un perfil más estructural. La Ley Modelo de Arrendamientos de 2021 —adoptada hasta ahora solo por el estado de Assam— limita el depósito de garantía a dos meses de renta, exige el reembolso inmediato al entregar la posesión y obliga a registrar por escrito todos los cargos adicionales. Analistas jurídicos indios subrayan que, en la práctica, la mayoría de los arrendamientos urbanos sigue rigiéndose por normas estatales anteriores, lo que deja al inquilino expuesto a cobros no declarados y a deducciones arbitrarias del depósito. En paralelo, la legislación sucesoria india —que varía según la religión del fallecido— determina que heredar un inmueble no genera impuesto sucesorio, pero sí obliga al pago de tributos locales sobre la propiedad y, en caso de venta, al impuesto a las ganancias de capital calculado sobre el costo de adquisición del propietario original.

En Europa, la respuesta a la crisis de costos combina vivienda y empleo. El Gobierno español, mediante el Real Decreto-ley 2/2026, prohíbe hasta el 31 de diciembre de 2026 que las empresas beneficiarias de ayudas públicas directas por el encarecimiento energético despidan a trabajadores alegando ese mismo aumento de costos como causa objetiva. La norma, analizada por juristas en Madrid, obliga a reintegrar las subvenciones si se produce un despido por ese motivo, y se inscribe en una serie de disposiciones que condicionan el apoyo estatal al mantenimiento del empleo. Mientras, en Alemania, un estudio del Instituto Allensbach revela que la búsqueda de estacionamiento irrita más a los inquilinos (40 por ciento) que el monto del alquiler (37 por ciento), aunque el 52 por ciento se declara agobiado por los costos de la vivienda y el 80 por ciento sitúa el umbral de dolor en el 40 por ciento de los ingresos.

En América Latina, la presión sobre los ingresos redefine las estrategias habitacionales. En Argentina, un informe de Focus Market citado por analistas en Buenos Aires indica que una persona joven necesita al menos 2.085.853 pesos mensuales para cubrir gastos básicos de vida independiente en la ciudad, de los cuales más de 900.000 pesos se destinan a alquiler, expensas y servicios. La tradicional regla del 30 por ciento —que aconseja no superar ese porcentaje de los ingresos en vivienda— resulta inaplicable para la mayoría de los asalariados. Como alternativa, comienzan a importarse viviendas modulares fabricadas en China con estructuras de acero galvanizado, que llegan terminadas con cocina y baño y se instalan en un día. Los precios de venta oscilan entre 5 y 25 millones de pesos según el tamaño, aunque especialistas del sector advierten que deben sumarse costos de cimentación, conexiones e impuestos, y que la financiación hipotecaria aún no las contempla. La demanda crece en Mendoza, Córdoba y la Patagonia, impulsada por la actividad petrolera y turística.

El mosaico de intervenciones revela un patrón de respuestas estatales de corto plazo frente a una crisis de asequibilidad que los mercados no resuelven por sí solos. Mientras Teherán apuesta por la prórroga forzosa de contratos y Madrid vincula ayudas energéticas a la estabilidad laboral, Buenos Aires explora soluciones industrializadas de bajo costo. En todos los casos, la eficacia de las medidas depende de la capacidad de supervisión y de la adaptación de los marcos normativos. La vigencia de la mayoría de estas disposiciones expira entre 2025 y 2026, por lo que los respectivos parlamentos y poderes ejecutivos deberán decidir en los próximos meses si las prorrogan, las reforman o las dejan caer.