Los enfrentamientos directos entre Estados Unidos e Irán se reanudaron este fin de semana con una secuencia de ataques que han puesto al borde del colapso el frágil alto el fuego. Según comunicados del Mando Central estadounidense (CENTCOM), sus fuerzas bombardearon en dos oleadas «infraestructura de vigilancia, sistemas de comunicación, defensas aéreas y almacenes de drones» en territorio iraní, en represalia por sendos ataques con drones contra los buques mercantes Ever Lovely y Kiku en el Estrecho de Ormuz. En respuesta, la Guardia Revolucionaria iraní lanzó misiles balísticos y drones contra las bases estadounidenses de Ali Al Salem, en Kuwait, y del Quinto Flota en Bahréin, y advirtió que la violación del cese de hostilidades «conllevará la paralización total de todos los procesos diplomáticos».

Desde Washington se sostiene que las acciones iraníes contra la navegación comercial constituyen una violación flagrante del acuerdo y que las represalias militares son una respuesta legítima para defender la libertad de tránsito. El presidente Donald Trump amenazó con «completar el trabajo militarmente» si Teherán persiste, lo que, en sus palabras, haría que «la República Islámica de Irán deje de existir». Por su parte, el Ministerio de Exteriores iraní y la Guardia Revolucionaria acusan a Estados Unidos de haber bombardeado objetivos costeros sin justificación y reivindican, con base en el memorando de Islamabad, el derecho exclusivo de regular el paso por el Estrecho de Ormuz. Los gobiernos de Bahréin y Kuwait condenaron enérgicamente las agresiones y solicitaron una sesión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU para exigir responsabilidades a Teherán, calificando los hechos como un «enfoque deliberado y un patrón sistemático de agresión contra la soberanía» de estos países.

La crisis tiene como trasfondo la disputa por el control del Estrecho de Ormuz, una vía por la que transita un quinto del suministro mundial de petróleo. Analistas en centros de estudios europeos y estadounidenses interpretan la estrategia iraní como una presión coercitiva calibrada, orientada a obtener ventajas en las negociaciones sin desencadenar un conflicto abierto, mientras que para Washington, que afronta elecciones legislativas en noviembre, resulta prioritario alcanzar un acuerdo rápido que estabilice los mercados energéticos. La economía iraní, con una inflación interanual del 88,6 % según datos oficiales, utiliza el control del paso marítimo como palanca negociadora, aunque el bloqueo deteriora aún más su aparato productivo. Paralelamente, el rechazo de Hezbolá al acuerdo entre Israel y Líbano, auspiciado por Washington, añade otra capa de incertidumbre regional.

El proceso de paz, mediado por Pakistán y Qatar, se encuentra en su fase más vulnerable. Ambas partes mantienen contactos y se espera una nueva ronda de conversaciones en Doha, pero el intercambio de ataques directos ha erosionado la confianza y ha reactivado el riesgo de una escalada militar de consecuencias globales. La comunidad internacional sigue con atención los acontecimientos, mientras la reapertura segura del estrecho —condición indispensable para normalizar el tráfico marítimo y los precios del crudo— continúa sin materializarse.