La crisis poselectoral en Colombia se intensificó esta semana luego de que el presidente saliente, Gustavo Petro, se negara a reconocer la victoria de Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta del 21 de junio, alegando irregularidades en el voto exterior sin presentar pruebas. La negativa provocó una reacción en cadena: el presidente electo suspendió el proceso de transición, y actores internacionales y nacionales exigieron el respeto a los resultados oficiales proclamados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Los trece gobiernos que integran el Escudo de las Américas —alianza impulsada por Washington que incluye a Argentina, Chile, Costa Rica, Panamá y otros países de la región— emitieron un comunicado conjunto en el que expresaron “profunda preocupación” por las declaraciones que ponen en duda la integridad del proceso electoral. El texto, difundido por el Departamento de Estado de Estados Unidos, califica de “grave desacato a la voluntad popular” cualquier intento de desconocer los resultados y reclama a las autoridades colombianas una transición “pacífica, ordenada y transparente”. El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, agradeció el respaldo y reiteró su compromiso con el cumplimiento constitucional.

En el plano interno, un bloque de doce universidades —entre ellas Los Andes, EAFIT, Javeriana y el Externado— advirtió sobre un “grave quiebre constitucional” y recordó que la Carta de 1991 establece una ruta clara: los ciudadanos eligen, el CNE certifica y el presidente del Senado posesiona. Las instituciones académicas señalaron que la postura del mandatario saliente, al no reconocer el resultado sin pruebas ni haber agotado los mecanismos legales, “atenta contra los acuerdos democráticos básicos que habilitan la alternancia pacífica en el poder”.

La crisis ha puesto de manifiesto las tensiones en torno a la transición. De la Espriella, respaldado públicamente por el presidente estadounidense Donald Trump, acusó a Petro de intentar un “golpe de Estado” y suspendió las reuniones de empalme. Mientras, la misión de observación electoral de la Unión Europea descartó que las sospechas de injerencia extranjera tuvieran relevancia, y el propio Petro, tras una conversación con el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, se comprometió a dejar el cargo el 6 de agosto y a facilitar una transición pacífica. No obstante, la convocatoria a manifestaciones para el 20 de julio mantiene la incertidumbre sobre el desenlace institucional.