Un tribunal militar israelí sentenció a cinco años de prisión a un soldado de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que, durante la guerra de doce días entre Israel e Irán en junio de 2025, envió a un agente iraní dos videos de interceptaciones de misiles y recibió un pago por uno de ellos. La condena, anunciada el 15 de julio de 2026, incluye además una multa de 1.000 shékels (unos 270 dólares) y la degradación al rango de soldado raso. Según la investigación conjunta de la policía militar, el servicio de inteligencia interior Shin Bet y la unidad de contrainteligencia de las FDI, el recluta recibió a través de Telegram ofertas de trabajo de varios individuos, uno de los cuales fue identificado como agente iraní, y le remitió grabaciones de interceptaciones filmadas en zonas civiles, así como otros videos obtenidos de internet que mostraban el impacto de los proyectiles.

Desde la óptica de la fiscalía militar israelí, que había solicitado siete años de cárcel, la gravedad de los hechos residía en el contacto con un agente extranjero en tiempo de guerra y en la entrega de material que podía beneficiar al enemigo. No obstante, el tribunal ponderó circunstancias atenuantes determinantes: el soldado no transmitió información clasificada ni datos obtenidos en el ejercicio de sus funciones, y fue él mismo quien, sintiéndose presionado, puso fin a la comunicación y la notificó a un mando de su unidad antes de ser detenido. Fuentes de seguridad citadas por la prensa israelí subrayan que el caso ilustra la vulnerabilidad de los efectivos ante las campañas de reclutamiento que, según los servicios de inteligencia de Tel Aviv, Irán ha intensificado desde el inicio de la guerra en Gaza, utilizando plataformas como Telegram para contactar a ciudadanos israelíes con ofertas económicas que escalan progresivamente desde tareas menores hasta peticiones de información sensible.

Analistas en Teherán, a través de medios alineados con el establishment de seguridad iraní, presentan el episodio como una muestra de las fracturas internas en la sociedad israelí y de la capacidad de sus servicios para penetrar las filas enemigas. En Israel, en cambio, el caso se inscribe en una serie de detenciones que en los últimos dos años han llevado a decenas de ciudadanos —incluidos soldados y reservistas— a ser imputados por espionaje a favor de Irán. Las autoridades israelíes han respondido con la apertura de un ala específica en la prisión de Damon, en Haifa, destinada a los acusados por estos delitos, mientras la mayoría de los procesos siguen en curso. Desde la perspectiva de las capitales europeas, la sucesión de arrestos confirma la profundización de la guerra en la sombra entre Israel e Irán, que ya no se limita a sabotajes y ciberataques, sino que explota las herramientas digitales para reclutar a ciudadanos comunes.

El expediente judicial de este soldado, cuya identidad y unidad permanecen bajo secreto, refleja el dilema que enfrentan los tribunales militares israelíes al sopesar la disuasión frente a la colaboración voluntaria con el adversario y la ausencia de daño estratégico comprobado. La sentencia se conoce en un momento en que los organismos de seguridad israelíes advierten de un incremento sistemático de los intentos de captación por parte de Irán, que según informes de inteligencia regionales busca compensar su inferioridad militar convencional mediante la obtención de información táctica y la erosión de la cohesión social en Israel. El caso queda cerrado en primera instancia, pero el debate sobre la proporcionalidad de las penas y la eficacia de las campañas de concienciación entre los soldados continúa abierto en la Knéset y en los foros de defensa.