El primer ministro australiano, Anthony Albanese, anunció este miércoles en Sídney la creación de una Oficina de Inteligencia Artificial (IA) dentro del Departamento del Primer Ministro y Gabinete, con el mandato de coordinar una estrategia nacional que supere el enfoque fragmentado por sectores que había prevalecido hasta ahora. La medida, calificada por el gobierno como pionera a nivel mundial, busca dotar de coherencia a la regulación de una tecnología cuyo despliegue, en palabras de Albanese, ya está transformando la economía.

El núcleo de la nueva política son los estándares vinculantes para los grandes centros de datos, que deberán asumir el costo total de su conexión a la red eléctrica, generar más energía de la que consumen —mediante fuentes renovables y almacenamiento— y minimizar el uso de agua. Además, se regulará su ubicación para evitar la competencia con el suelo residencial. La urgencia de estas reglas se enmarca en un contexto de fuerte expansión: la inversión en centros de datos fue el mayor motor del crecimiento económico australiano en el trimestre hasta marzo, según cifras oficiales.

En paralelo, Albanese prometió protecciones estrictas para creadores y periodistas frente al uso no autorizado de obras por parte de empresas de IA. "Ninguna compañía debería usar libros, música, arte o noticias australianas para construir o entrenar IA sin el control del artista; cualquier cosa menos es robo", afirmó, en alusión directa a las gestiones de la startup estadounidense Anthropic para flexibilizar las leyes de propiedad intelectual. El gobierno sostiene que la IA debe ser un instrumento para crear empleo, no una amenaza, aunque admitió que aún no se ha medido su impacto en el mercado laboral.

La oposición conservadora, por boca de su líder Angus Taylor, criticó el anuncio como un ejercicio de expansión burocrática. Desde la sociedad civil, el think tank Climate Council advirtió que el auge de centros de datos impulsado por la IA podría disparar los precios de la energía y la contaminación si no se controla. Actualmente, Australia carece de leyes específicas sobre IA y se apoya en normas de privacidad, protección al consumidor y un marco ético voluntario. El primer ministro debatirá los nuevos estándares con los líderes estatales y territoriales en agosto, y se espera que el proyecto de ley llegue al Parlamento a principios del próximo año.