El Departamento de Estado de Estados Unidos oficializó el 16 de julio la inclusión del Cártel de Juárez y del grupo Los Viagras en su lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales Especialmente Designados. La decisión, publicada en el Registro Federal, activa de inmediato el bloqueo de bienes y la prohibición de transacciones con personas estadounidenses, y se suma a las seis designaciones que Washington ya había impuesto en febrero de 2025 a otros cárteles mexicanos, entre ellos el de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación. Según el comunicado oficial, ambos grupos son considerados “cárteles narcoterroristas violentos” responsables de ataques contra ciudadanos estadounidenses, fuerzas de seguridad mexicanas y civiles, con mención expresa a la masacre de 2019 en Sonora, donde murieron nueve miembros de una familia mormona de origen estadounidense a manos de La Línea, el brazo armado del Cártel de Juárez.

Desde la óptica de Washington, la designación refuerza la estrategia de la administración Trump de “desmantelar las organizaciones narcoterroristas y todas las redes que las sostienen”, en palabras del embajador Ronald Johnson. El diplomático subrayó que, junto con México, se está desarticulando el tráfico de drogas, armas y otras actividades ilícitas, y advirtió que quienes financien o colaboren con estos grupos “rendirán cuentas”. En contraste, el gobierno mexicano mantiene su rechazo a cualquier acción unilateral en su territorio y defiende la cooperación bilateral bajo el principio de respeto a la soberanía. Analistas jurídicos internacionales y organizaciones especializadas han cuestionado la figura del “narcoterrorismo”, al considerar que amalgama fenómenos distintos y abre la puerta a operaciones militares extraterritoriales, como los ataques contra embarcaciones sospechosas en el Caribe y el Pacífico que, según fuentes del Pentágono, han causado más de 200 muertos desde septiembre de 2024.

La inclusión del Cártel de Juárez tiene un peso geopolítico particular: controla el estratégico corredor fronterizo entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas, y, según informes del Departamento del Tesoro, obtiene ingresos cobrando peajes a otras organizaciones por el uso de sus rutas, además de producir y traficar fentanilo y metanfetamina. Su alianza reciente con el Cártel Jalisco Nueva Generación ha reforzado su capacidad operativa. Por su parte, Los Viagras, con base en Michoacán, ha consolidado su dominio territorial mediante la extorsión y la producción de drogas sintéticas; su líder, Nicolás Sierra Santana, alias “El Gordo”, enfrenta una acusación formal en el Distrito de Columbia y por él se ofrece una recompensa de cinco millones de dólares. Ambas designaciones se enmarcan en una ofensiva hemisférica que ya ha alcanzado a grupos de Venezuela, Colombia, Ecuador, El Salvador y Brasil, y que ha estado acompañada de presiones comerciales y arancelarias sobre México para frenar el flujo de fentanilo.

Con esta ampliación, el número de organizaciones mexicanas catalogadas como terroristas asciende a ocho. El Departamento de Estado ha señalado que la medida busca “exponer y aislar” a estas entidades, negándoles acceso al sistema financiero estadounidense y a los recursos para perpetrar ataques. La decisión no modifica el marco de cooperación bilateral en materia de seguridad, pero sí intensifica el debate sobre los límites de la intervención estadounidense. Hasta el momento, no se han anunciado nuevas designaciones, aunque fuentes de la Casa Blanca han indicado que la revisión de otros grupos continúa, mientras México insiste en que cualquier acción debe canalizarse a través de los mecanismos de colaboración existentes.