El gobierno electo de Colombia confirmó este jueves que, a partir del 7 de agosto, restablecerá en su totalidad las relaciones diplomáticas y económicas con Israel, incluyendo la apertura de una embajada en Jerusalén y la eliminación recíproca de visados. El anuncio se produjo luego de que el canciller designado, Omar Bula Escobar, y el ministro de Exteriores israelí, Gideon Sa'ar, acordaran en Washington una hoja de ruta que contempla además el retiro de Colombia de la demanda por genocidio que Sudáfrica impulsa contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia. La decisión revierte la ruptura unilateral decretada en mayo de 2024 por el presidente saliente, Gustavo Petro, en rechazo a la ofensiva militar israelí en Gaza.

Desde la oficina del presidente electo se calificó la medida como la recuperación de “una alianza histórica” y el retorno a “una posición seria y responsable en el escenario internacional”. Para el movimiento Hamás, en cambio, el acuerdo constituye “una decisión irresponsable y una agresión contra los derechos del pueblo palestino”, y exigió a Bogotá que dé marcha atrás de inmediato. En Washington, el secretario de Estado Marco Rubio recibió al vicepresidente electo José Manuel Restrepo y destacó la voluntad de la administración Trump de ser el “socio preferencial” de Colombia en seguridad y comercio. Analistas en América Latina observan que el giro alinea a Colombia con la política estadounidense de reconocimiento de Jerusalén como capital israelí, una postura que solo comparten un puñado de países en la región.

El viraje exterior se produce en paralelo a movimientos internos que perfilan el estilo de gobierno de De la Espriella. El mandatario electo instruyó a su ministro del Interior designado solicitar a la Procuraduría una intervención preventiva urgente sobre varios procesos de la Unidad Nacional de Protección, entre ellos un contrato de escoltas por más de 78.000 millones de pesos que se adjudicaría antes del cambio de mando. Al mismo tiempo, sus declaraciones contra el exjefe de las FARC Rodrigo Londoño —a quien calificó de “criminal de guerra” que “merece estar preso de por vida”— motivaron una denuncia penal por parte de la directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, Gloria Cuartas, por presunta injuria e instigación a delinquir. La Misión de Verificación de la ONU había instado días atrás a “desescalar la retórica confrontacional” ante la persistente violencia contra los firmantes de la paz.

En el plano bilateral con Estados Unidos, la delegación del gobierno entrante exploró mecanismos de cooperación en seguridad que incluyen la instalación de centros logísticos de apoyo a la Policía Nacional en zonas apartadas, aunque sin el despliegue permanente de tropas estadounidenses. El futuro ministro de Defensa, general retirado Jorge Mora, adelantó que se evaluarán “todas las medidas dentro del marco constitucional” para combatir el narcotráfico, incluida la posible adhesión de Colombia al Escudo de las Américas. La transición, que se desarrolla sin diálogo directo entre las administraciones saliente y entrante, deja abiertos interrogantes sobre la implementación del Acuerdo de Paz y la orientación de la política exterior colombiana en un momento de reconfiguración de alianzas hemisféricas. La posesión presidencial del 7 de agosto marcará el inicio formal de estas transformaciones.