Las autoridades sirias anunciaron el jueves la captura de una célula vinculada al grupo yihadista Estado Islámico (EI), a la que responsabilizan de los dos atentados con explosivos perpetrados el 7 de julio en Damasco durante la visita del presidente francés, Emmanuel Macron. El Ministerio del Interior informó que las detenciones se produjeron tras una serie de allanamientos simultáneos en la capital y su periferia, y que las investigaciones posteriores permitieron localizar un depósito secreto con más artefactos explosivos listos para ser utilizados en una cadena de atentados. Los estallidos, que según el Ministerio de Salud sirio causaron un muerto y 36 heridos, ocurrieron cerca del hotel Four Seasons donde Macron pernoctó, minutos después de que su comitiva se dirigiera al palacio presidencial.

El presidente sirio, Ahmed al Sharaa, elogió la “valentía” de Macron por continuar la visita pese a los ataques, y ambos mandatarios acordaron iniciar el proceso de intercambio de embajadores residentes, lo que supone un paso hacia la normalización diplomática. Desde París, la decisión de mantener la agenda fue presentada como una señal de respaldo a las nuevas autoridades sirias y un rechazo a la desestabilización. Macron, primer jefe de Estado de la Unión Europea en visitar Siria tras la caída de Bashar al Assad a finales de 2024, reiteró el apoyo francés a la reconstrucción del país.

Los atentados ponen de relieve la persistente amenaza del EI en Siria, donde el grupo ha activado células durmientes y ha declarado una nueva fase de operaciones contra el gobierno de Sharaa. Un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra el Terrorismo citado por agencias internacionales señala que el propio Sharaa y dos de sus ministros fueron blanco de al menos cinco intentos de asesinato frustrados desde la caída de Assad. La ONU estima que el EI mantiene unos 10.000 integrantes en sus núcleos históricos de Irak y Siria, y que África concentra actualmente el 86% de su actividad global, según el proyecto ACLED. En este contexto, los bombardeos del 7 de julio —los segundos en la capital en menos de una semana, tras un ataque a una cafetería que dejó 10 muertos— subrayan la fragilidad de la seguridad en un país que necesita cientos de miles de millones de dólares para su reconstrucción.

El operativo de seguridad, sin embargo, ha generado lecturas divergentes. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, con sede en Londres, documentó la detención de decenas de personas en el barrio de Ish al Warwar, una zona de mayoría alauita antes del cambio de poder. Un residente consultado por la agencia AFP afirmó que, según su conocimiento, los arrestos no apuntaron específicamente a alauitas. Desde Teherán, algunos analistas interpretan las redadas masivas como un posible mecanismo de represión de opositores bajo el pretexto de la lucha antiterrorista. El Ministerio del Interior sirio aseguró que la célula fue “completamente desmantelada” y prometió revelar las identidades y afiliaciones de los detenidos una vez concluyan las investigaciones. Mientras tanto, el canje de embajadores entre Damasco y París avanza como el siguiente paso concreto en la agenda bilateral.