El candidato presidencial izquierdista Roberto Sánchez anunció este martes que no reconocerá el resultado del balotaje peruano y solicitó formalmente la anulación de los votos emitidos en el extranjero, alegando un “fraude en desarrollo” que favorece a su rival, la conservadora Keiko Fujimori. Con el 99,7 % de las actas procesadas, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sitúa a Fujimori con el 50,11 % de los sufragios válidos frente al 49,89 % de Sánchez, una diferencia de aproximadamente 40.000 votos. El voto exterior, que representa cerca de 300.000 electores, ha sido determinante: Fujimori obtuvo un respaldo masivo en países como Estados Unidos y Japón, mientras que Sánchez aventaja ligeramente en el territorio nacional. Según el candidato, si se excluyeran los sufragios consulares, él pasaría a encabezar el conteo por unos 25.000 votos.

Sánchez fundamenta su impugnación en presuntas irregularidades administrativas introducidas a pedido del Ministerio de Relaciones Exteriores, que exoneró a los consulados de transmitir digitalmente los resultados y ordenó el envío físico de las actas a Lima, lo que, a su juicio, vulneró la cadena de custodia y facilitó la manipulación. “No reconoceremos el gobierno de la señora Fujimori”, declaró, al tiempo que convocó a sus seguidores a una “resistencia patriótica” y a nuevas movilizaciones para el sábado. La campaña fujimorista y los organismos electorales —ONPE y Jurado Nacional de Elecciones (JNE)— no emitieron comentarios inmediatos. Desde Lima, analistas jurídicos consultados por la prensa local consideran que el recurso carece de sustento normativo y podría tener como efecto práctico dilatar la proclamación oficial, más que revertir el resultado.

La controversia prolonga la incertidumbre en un país marcado por una aguda inestabilidad institucional. El Congreso bicameral recién electo refleja la polarización: Fuerza Popular, el partido de Fujimori, obtuvo la primera minoría con 22 senadores y 41 diputados, mientras que Juntos por el Perú, la formación de Sánchez, logró 14 senadores y 32 diputados. Cualquier crisis postelectoral se desenvolverá, por tanto, en un Legislativo donde el fujimorismo tiene capacidad de bloqueo. La ganadora del balotaje debe asumir la presidencia el 28 de julio por un mandato de cinco años, en un contexto de expectativa internacional ante la posibilidad de que se repitan episodios de contestación callejera como los vividos tras la destitución de Pedro Castillo en 2022.

El balotaje del 7 de junio enfrentó a Keiko Fujimori, hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori y candidata por cuarta vez, con Roberto Sánchez, heredero político del encarcelado exmandatario Castillo. Históricamente, el voto de la diáspora peruana ha inclinado la balanza en elecciones reñidas a favor de opciones conservadoras, un patrón que se repite en esta contienda. El JNE deberá resolver el pedido de nulidad y las actas impugnadas —alrededor de 82.000 votos— antes de proclamar a la vencedora. Sánchez ha anunciado que, en paralelo, recurrirá al sistema interamericano de derechos humanos. El expediente electoral permanece abierto y sin un ganador declarado, mientras el país aguarda la decisión de las autoridades competentes.