A casi medio año de la operación militar estadounidense que culminó con la detención de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores el 3 de enero, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo que el país “tomó el camino correcto” al privilegiar los canales diplomáticos para dirimir las controversias internacionales. Durante un acto por el Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, Rodríguez afirmó que la crisis marcó un punto de inflexión y que su gobierno trabaja en “desanudar” las relaciones exteriores, con énfasis en la coexistencia con Estados Unidos y en la recuperación económica a partir del potencial energético. Sin embargo, fuentes en Caracas y encuestas regionales indican que la narrativa oficial contrasta con un malestar social creciente.

Desde Washington, la administración Trump presenta la alianza con el nuevo liderazgo venezolano como un éxito rotundo. El presidente estadounidense declaró que Venezuela “se ha convertido en un país feliz” gracias a los ingresos del comercio renovado, y el secretario de Estado Marco Rubio detalló una hoja de ruta en tres fases —estabilización, recuperación y transición— que, según fuentes del Departamento de Estado, busca normalizar la economía y crear condiciones para futuras elecciones. Analistas en Bogotá y Buenos Aires advierten que la estabilización fue encomendada a las estructuras de poder que aún controla el chavismo —Fuerzas Armadas, organismos de seguridad y sistema judicial—, mientras que la recuperación se traduce en decisiones económicas sugeridas por Washington para elevar la producción petrolera y reconstruir infraestructura, con los ingresos del crudo administrados por autoridades estadounidenses.

Ese esquema ha generado tensiones en el terreno. De acuerdo con mediciones de la firma brasileña AtlasIntel, la aprobación de Rodríguez cayó al 25 % en mayo, su tercer descenso mensual consecutivo. La inflación anual, aunque en desaceleración, se mantiene como la más alta del mundo con un 524 %, y el bolívar continúa depreciándose frente al dólar en el mercado informal, donde la divisa cuesta un cuarto más que el tipo oficial, lo que alimenta la fuga de capitales. Desde la oposición venezolana se percibe un margen de acción limitado: según medios colombianos, la propia dirigencia democrática se ha visto atada de manos por Washington, que prioriza la estabilidad y el flujo petrolero antes que una transición política acelerada.

En este contexto, la tercera fase —la transición hacia la democracia— aparece postergada sin un calendario definido. Mientras Rodríguez convoca a la unidad nacional y al diálogo con sectores hastiados de los extremos políticos, la supervisión estadounidense ha concentrado el flujo de divisas en un grupo reducido de empresas con cuentas en Estados Unidos, sin que los beneficios lleguen de forma tangible a la mayoría de la población. El dossier queda abierto: Washington insiste en que los cambios necesitan más tiempo y que la riqueza petrolera empieza a beneficiar al pueblo, pero el descontento expresado en las calles y en los sondeos sugiere que la estabilidad prometida aún no se traduce en mejoras cotidianas. No hay fecha anunciada para elecciones ni para una revisión del tutelaje financiero.