El Gobierno de Benjamín Netanyahu ha iniciado una ofensiva legislativa y una reconfiguración interna del partido Likud a pocos días de la disolución automática de la Knéset, prevista para el 15 de julio, y con las elecciones parlamentarias fijadas para finales de octubre. Siete proyectos de ley avanzan en el Parlamento, cada uno considerado prioritario por alguno de los socios de la coalición, mientras el primer ministro negocia reservar hasta diez puestos en la lista electoral del Likud para candidatos designados por él, según informes de medios israelíes. La maniobra busca apuntalar alianzas y frenar la caída en las encuestas, que por primera vez sitúan al partido Yashar, del exjefe del Estado Mayor Gadi Eisenkot, por delante del Likud.

Desde la oposición, el líder Yair Lapid denunció que el Ejecutivo antepone la supervivencia de la coalición a los intereses del país, mientras Eisenkot calificó la ofensiva parlamentaria de “maratón” destinado a aprobar normas que serían inviables bajo un futuro gobierno alternativo. La iniciativa más polémica es el proyecto de Ley Básica del Estudio de la Torá, que reconoce la dedicación prolongada a los estudios religiosos como servicio significativo al Estado y al pueblo judío, eximiendo de facto del servicio militar a los estudiantes de yeshivá. Los partidos ultraortodoxos, Shas y Judaísmo Unido de la Torá, han condicionado repetidamente su permanencia en el Ejecutivo a esta exención, y su respaldo resulta indispensable para que el Likud saque adelante otras reformas.

A cambio del voto ultraortodoxo, el Gobierno impulsa una reestructuración del sector audiovisual que, según sus promotores, abriría el mercado a la competencia, pero que desde sectores críticos se interpreta como un intento de control político sobre los medios y de debilitamiento de la independencia periodística. Otra iniciativa modifica el estatus de la asesoría jurídica del Gobierno, actualmente en manos de Gali Baharav-Miara, crítica con Netanyahu, para que sus dictámenes dejen de ser vinculantes. La oposición sostiene que se elimina un contrapeso institucional y se politiza la acción penal. Asimismo, a instancias de los partidos religiosos, se deroga la reforma que en la legislatura anterior puso fin al monopolio rabínico en la certificación kosher, una medida que, según analistas en Israel, responde a los intereses del partido Shas y encarecería los costos para el sector de la restauración.

En paralelo, la cúpula del Likud debate una propuesta que otorgaría a Netanyahu diez puestos reservados en la lista electoral, nueve de ellos entre los primeros treinta escaños, lo que ha generado malestar interno. Fuentes del partido citadas por la prensa israelí hablan de un “estado de histeria” del primer ministro ante los sondeos y de una “purga política” contra dirigentes que lo respaldaron en los últimos años. Las encuestas recientes muestran a Yashar con 22 escaños frente a 21 del Likud, y a un bloque opositor sionista que, con el eventual apoyo de la formación de Chili Tropper y Yoaz Hendel, rozaría los 61 diputados necesarios para formar gobierno. El Likud también sopesa reservar un lugar para Bezalel Smotrich, líder del Partido Sionista Religioso, que corre el riesgo de no superar el umbral electoral, con el fin de no perder votos del ala derecha. La Knéset puede prorrogar sus sesiones doce días adicionales para completar la tramitación legislativa antes de la disolución definitiva y la convocatoria electoral del 27 de octubre.