Abderrahim Fakir, un ciudadano marroquí de 42 años residente en Italia desde la infancia, falleció el domingo 19 de julio en el barrio de Pilastro, en Bolonia, mientras era inmovilizado por dos agentes de policía. Según la fiscalía de Bolonia, los hechos ocurrieron tras una llamada de vecinos que alertaban de una persona en estado de agitación. Los agentes utilizaron spray irritante y lo sujetaron en el suelo boca abajo, con la ayuda de un civil que le sostenía las piernas, según muestran las imágenes difundidas. El hombre perdió el conocimiento y fue declarado muerto poco después por el personal médico desplazado al lugar.

La fiscalía ha abierto una investigación por homicidio culposo contra los dos policías y cuatro operadores sanitarios que intervinieron, aplicando por primera vez el nuevo 'escudo penal' introducido por el decreto de seguridad del gobierno italiano. Este mecanismo permite una anotación preliminar sin imputación automática, mientras se verifica si concurren causas de justificación como el cumplimiento del deber o la legítima defensa. El abogado de la familia, Fabio Anselmo —conocido por representar a víctimas de abusos policiales en casos como el de Federico Aldrovandi—, ha solicitado que la investigación la lleve un cuerpo distinto a la policía, para garantizar la imparcialidad, y ha denunciado la filtración de antecedentes penales de la víctima.

La muerte de Fakir desencadenó una manifestación pacífica convocada por el alcalde de Bolonia, Matteo Lepore, que derivó en enfrentamientos nocturnos entre grupos de manifestantes y las fuerzas del orden en el centro de la ciudad. Según fuentes sanitarias, al menos once personas recibieron atención médica, mientras que sindicatos policiales elevan la cifra de agentes heridos a más de cincuenta. La primera ministra, Giorgia Meloni, calificó los disturbios de 'inaceptables' y defendió la labor de las fuerzas de seguridad, al tiempo que prometió 'verdad sin descuentos'. Desde sectores de la oposición y medios internacionales se han trazado paralelismos con el caso de George Floyd, comparación que el gobierno italiano ha rechazado.

Las causas exactas de la muerte siguen sin esclarecerse. La autopsia, aún pendiente, será determinante para establecer si el fallecimiento se debió a la maniobra de contención, al uso del spray, a una patología previa o a una combinación de factores. Los investigadores analizan las grabaciones de las cámaras corporales de los agentes y los testimonios de los residentes. Mientras tanto, la familia ha pedido calma y ha condenado los actos violentos, insistiendo en que su única exigencia es 'verdad, justicia y respeto'. La fiscalía dispone de hasta 150 días para decidir si archiva las anotaciones o procede a imputar formalmente a los implicados.