El ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, decidió este viernes prorrogar de forma indefinida la prisión domiciliaria humanitaria del expresidente Jair Bolsonaro, al tiempo que revocó su porte de arma y su registro como coleccionista, cazador y tirador deportivo (CAC). La resolución ordena a la defensa entregar en un plazo de 48 horas las diez armas de fuego vinculadas al exmandatario —entre pistolas, carabinas y escopetas— a la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia. El incumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas, advirtió el magistrado, implicará la revocación inmediata del beneficio y el regreso al régimen cerrado.

Según la Procuraduría General de la República (PGR), no se configuró una falta disciplinaria grave en el episodio de la pistola Glock hallada en poder de un agente de seguridad de Bolsonaro durante un control vehicular en junio, lo que descartaba la necesidad de reingresarlo a prisión. No obstante, la PGR sostuvo que la condición jurídica del condenado es incompatible con la posesión de armas. La defensa, por su parte, reiteró que el expresidente no tuvo intención de infringir las normas y que no desea la restitución del arma incautada. Moraes acogió ese razonamiento y subrayó que, al no existir una falta grave, desaparecían los impedimentos que antes bloqueaban la domiciliaria, como la manipulación dolosa de la tobillera electrónica.

La decisión no fija un nuevo plazo para la medida, a diferencia de los 90 días iniciales concedidos en marzo tras una bronconeumonía bacteriana. El ministro citó informes médicos semanales aportados por la defensa que muestran una mejoría clínica, pero consideró que el entorno domiciliario sigue siendo el más adecuado para la recuperación total de un paciente de 71 años con comorbilidades. Bolsonaro permanecerá bajo vigilancia electrónica, sin acceso a teléfonos ni redes sociales, y solo podrá recibir visitas autorizadas por el tribunal. La Policía Militar del Distrito Federal mantiene la custodia perimetral de la residencia.

Desde la óptica de analistas en Brasilia, la resolución consolida un escenario jurídico y político complejo a pocos meses de las elecciones presidenciales de octubre, en las que el hijo mayor del expresidente, el senador Flávio Bolsonaro, se perfila como principal rival del actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva. Bolsonaro cumple una condena de 27 años y tres meses por liderar una trama golpista tras su derrota en 2022, sentencia que incluyó planes de atentados contra Lula, el vicepresidente Geraldo Alckmin y el propio Moraes. En el plano internacional, la prolongación de la domiciliaria coincide con presiones diplomáticas que, según fuentes en Washington, llevaron al gobierno de Donald Trump a amenazar con aranceles del 50 % a productos brasileños, denunciando una supuesta persecución judicial contra el exmandatario.