La coalición oficialista mexicana encendió esta semana el proceso rumbo a las elecciones de 2027 con un llamado conjunto que, sin embargo, dejó en el aire las condiciones reales de la alianza. En conferencia encabezada por las dirigencias de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, se anunció que el registro de aspirantes a las Coordinaciones Estatales de Defensa de la Transformación —figura que en los hechos anticipa las candidaturas a gobernador— se realizará de manera unificada del 22 al 27 de junio. Pero la propia presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, admitió que en San Luis Potosí la coalición “será en otro momento”, mientras el Verde subrayó que sus estatutos no contemplan la figura del nepotismo electoral, un diferendo que mantiene en vilo la unidad en ese estado.

La ambigüedad no frenó la desbandada de cargos públicos. En la misma jornada, la Comisión Permanente del Congreso autorizó licencias a 17 legisladores federales —entre ellos los senadores Félix Salgado Macedonio, Lorenia Valles y Waldo Fernández—, y alcaldes como el de Acapulco, Abelina López, y el de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, abandonaron sus puestos para sumarse a la contienda interna. Analistas en Ciudad de México advierten que esta estampida, aunque exhibe una “caballada nutrida”, como celebró el coordinador morenista Ricardo Monreal, también expone perfiles señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado o investigaciones judiciales, lo que añade una capa de riesgo reputacional a la coalición gobernante.

El reacomodo mexicano no es un fenómeno aislado. Desde Moscú, el politólogo Alexéi Martýnov proyectó que la próxima Duma Estatal podría albergar seis o siete partidos, rompiendo el tradicional dominio de cuatro fuerzas parlamentarias. La clave, explicó, estará en la capacidad de formaciones sin representación actual para superar el umbral del cinco por ciento sin necesidad de recolectar firmas, una dinámica que recuerda la rigidez del modelo mexicano, donde los partidos nuevos solo pueden registrarse cada seis años y pierden su registro si no alcanzan el tres por ciento de la votación. En Yakarta, mientras tanto, una sentencia de la Corte Constitucional indonesia endureció la cuota mínima del 30 por ciento de candidatas mujeres por distrito, so pena de anular la participación electoral del partido infractor, lo que ha desatado una crisis de reclutamiento que, según observadores locales, evidencia la fragilidad de la kaderisasi partidaria.

La confluencia de estos tres escenarios revela una tensión global entre la estabilidad de las alianzas dominantes y la presión por renovar las reglas de representación. En México, el desafío inmediato es doble: resolver si el PT y el Verde presentarán candidatos independientes en algunos estados, como han amagado, y gestionar la revisión de 93 mil afiliaciones duplicadas que el Tribunal Electoral acaba de confirmar, una depuración que podría alterar el padrón morenista. A ello se suma la incógnita sobre el registro de cinco nuevas organizaciones que buscan convertirse en partidos nacionales, un proceso que el Instituto Nacional Electoral resolverá en los próximos meses y que podría fragmentar aún más el tablero opositor.

De cara a 2027, la coalición oficialista deberá demostrar que su método de selección —político, no electoral, insisten sus dirigentes— puede contener las ambiciones internas sin fracturar la marca de la Cuarta Transformación. La experiencia comparada sugiere que los sistemas de partido hegemónico, cuando abren sus compuertas sin reglas claras, suelen pagar un costo en cohesión. México, Rusia e Indonesia, cada uno a su modo, ensayan respuestas a esa misma pregunta en un año en que la arquitectura electoral de varias democracias se somete a pruebas de estrés.