El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, decretó la noche del sábado el estado de emergencia en todo el territorio nacional, con el objetivo de habilitar el uso de las Fuerzas Armadas para liberar las carreteras bloqueadas por manifestantes desde hace más de 50 días. En un mensaje televisado a la nación, Paz afirmó que se habían agotado “todas las vías del diálogo” y que la medida busca restablecer la libre circulación de alimentos, combustibles y medicamentos, cuyo suministro ha quedado estrangulado en varias regiones, incluida la capital administrativa, La Paz. El decreto, que según la Constitución debe ser notificado al Congreso en un plazo de 24 horas y ratificado en las siguientes 72 horas, fue justificado por el mandatario como un instrumento para “devolver la libertad al pueblo” frente a lo que calificó de intento organizado de desestabilización.

La declaración se produjo pocas horas después de que el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) firmaran un acuerdo que, en teoría, ponía fin a las medidas de presión. El secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, anunció que los bloqueos se levantaban a escala nacional y que se abrían mesas técnicas para atender demandas salariales, de acceso a combustible y de reversión de reformas legales. Sin embargo, federaciones campesinas como la Túpac Katari y los productores de coca del Chapare —bastión del expresidente Evo Morales— rechazaron el pacto y decidieron mantener los cortes de ruta, especialmente en Cochabamba. Estas organizaciones exigen la renuncia de Paz, amnistía para dirigentes detenidos y la abrogación de decretos supremos, y han acusado a la COB de haber traicionado al movimiento indígena y obrero.

La crisis se remonta al 1° de mayo, cuando el Gobierno eliminó súbitamente los subsidios a los combustibles para reducir el déficit fiscal, en medio de una escasez de dólares y de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Aunque después se revirtieron algunas reformas impopulares y se estabilizaron los precios de la gasolina, las protestas se ampliaron hacia un cuestionamiento general a la gestión del presidente centroderechista, que asumió hace siete meses tras dos décadas de gobiernos socialistas. Según analistas políticos en Buenos Aires, el descontento se alimenta de una inflación que golpea a los sectores más pobres y de la percepción de que las élites tradicionales han retornado al poder. Las pérdidas económicas por los bloqueos superan los 1.200 millones de dólares, de acuerdo con el propio Ejecutivo, y al menos 15 personas fallecieron por falta de atención médica en las vías cortadas, según balances de la COB. Paz ha vinculado a los promotores de las protestas con el narcotráfico y ha señalado sin pruebas a Evo Morales, quien niega estar detrás de las movilizaciones.

La comunidad internacional sigue con atención el desenlace. Desde Washington, un portavoz del Departamento de Estado instó a una solución dialogada, mientras que la Organización de Estados Americanos ofreció acompañar las negociaciones. En La Paz, el Congreso deberá pronunciarse en los próximos días sobre la constitucionalidad del estado de emergencia, una votación que definirá el alcance del operativo militar. Entretanto, los bloqueos persistentes mantienen cercadas a ciudades como El Alto y mantienen en vilo a una población que enfrenta largas filas para conseguir combustibles y alimentos básicos.