Desde la captura de Nicolás Maduro por comandos estadounidenses en enero, el secretario de Estado Marco Rubio se ha convertido en el administrador real de Venezuela, según una investigación del New York Times citada por medios internacionales. La Casa Blanca centraliza los ingresos por exportaciones petroleras —canalizados a través de las comercializadoras Trafigura y Vitol— y Rubio define las condiciones de gasto público. Fuentes en Washington confirman que el Departamento del Tesoro distribuye los recursos mediante bancos privados, mientras el equipo de Rubio autoriza licencias para empresas extranjeras y supervisa nombramientos de alto nivel, incluido el ministro de Defensa. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, depende de esta estructura para pagar salarios y debe consultar hasta el contenido de sus mensajes en redes sociales, como la eliminación de una condena a un ataque estadounidense contra Irán.

En paralelo, la Administración Trump redobla la presión sobre Cuba. Rubio exigió a La Habana aceptar reformas económicas y políticas “antes de que sea demasiado tarde” y anunció nuevas restricciones de visado contra el presidente Díaz-Canel y altos mandos militares, acusándolos de violaciones de derechos humanos por las protestas de 2021. El gobierno cubano niega la existencia de bases militares chinas o rusas en la isla —señalamiento hecho por Washington— y atribuye el colapso de su sistema eléctrico al “genocida cerco petrolero”. En este marco, el diario USA Today publicó una entrevista con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto y escolta de Raúl Castro, quien se mostró dispuesto a negociar directamente con Estados Unidos, incluso con el presidente Trump. Las declaraciones desataron críticas dentro del oficialismo cubano por supuesta “usurpación de funciones”, aunque el primer ministro Manuel Marrero validó su rol en los diálogos con Washington.

La profundidad del control estadounidense en Venezuela suscita cuestionamientos tanto en América Latina como en Europa. Analistas desde Buenos Aires y Ciudad de México señalan que la administración Trump apuntala un gobierno interino no electo, blindándolo de acreedores internacionales pero también postergando sine die la prometida transición democrática. La propia Rodríguez eludió fijar una fecha electoral: “No lo sé, en algún momento”. El reportaje del diario neoyorquino indica que la decisión sobre los comicios está en manos de Rubio, cuyo plan de tres fases —reactivación, estabilización y democratización— se ha visto ralentizado por los recientes terremotos que requirieron despliegue militar y asistencia de casi 400 millones de dólares.

Para el próximo período, el expediente bilateral con Cuba sigue abierto bajo condiciones maximalistas: Washington insiste en reformas sustanciales antes de cualquier alivio del bloqueo, mientras La Habana intenta gestionar sus fracturas internas con la incorporación informal de la familia Castro en las conversaciones. Respecto a Venezuela, no hay calendario electoral definido, y la dependencia financiera de Caracas hace prever que cualquier movimiento hacia comicios quedará condicionado por la evolución del pulso político en Washington y la capacidad de la oposición interna para articular demandas de soberanía institucional.