Un tribunal británico impuso el jueves penas de diez y ocho años de cárcel a dos hombres que realizaron operaciones encubiertas de vigilancia contra activistas prodemocracia de Hong Kong residentes en el Reino Unido. Peter Wai, exfuncionario de la Fuerza Fronteriza, y Bill Yuen, antiguo superintendente de la policía hongkonesa, fueron hallados culpables de colaborar con un servicio de inteligencia extranjero, en aplicación de la Ley de Seguridad Nacional británica de 2023. La sentencia, dictada en el tribunal penal de Old Bailey, constituye la primera condena por espionaje vinculado a China en territorio británico y subraya la creciente preocupación de las capitales europeas por las operaciones encubiertas de Pekín contra sus diásporas críticas.

Según la investigación, Wai utilizó su acceso a los sistemas informáticos del Ministerio del Interior para obtener información sobre disidentes hongkoneses, mientras Yuen, destinado en la Oficina Económica y Comercial de Hong Kong en Londres, actuaba como enlace con los servicios de inteligencia chinos. La pareja llevó a cabo lo que la fiscalía describió como «shadow policing»: seguimientos, recopilación de datos y un intento fallido de secuestro de una presunta estafadora buscada por Pekín. La jueza Bobbie Cheema-Grub calificó las acciones de «deliberadas y concertadas», y destacó el daño psicológico causado a las víctimas, que vivieron bajo «temor y angustia» al saberse vigiladas en un país que consideraban seguro.

Desde la óptica de Pekín, el caso ha tensado aún más las relaciones con Londres, ya deterioradas por las críticas británicas a la represión en Hong Kong. Analistas en Bruselas interpretan la condena como una señal de que la Unión Europea y el Reino Unido están dispuestos a utilizar sus marcos legales para contrarrestar lo que perciben como una expansión de las operaciones encubiertas chinas más allá de sus fronteras. En paralelo, medios asiáticos reportaron que un tribunal de Malasia multó a seis ciudadanos chinos y taiwaneses por operar una estafa romántica transnacional desde Penang, lo que ilustra la diversidad de actividades ilícitas atribuidas a redes vinculadas a China en el Sudeste Asiático, aunque en este caso sin la dimensión de inteligencia estatal.

Desde América Latina, observadores señalan que estos episodios refuerzan la percepción de una estrategia china de control extraterritorial que podría replicarse en países con importantes comunidades chinas de ultramar, como Perú o Argentina. Aunque la región no ha registrado casos judicializados de espionaje político similares, la creciente influencia económica de Pekín y la presencia de empresas tecnológicas chinas generan interrogantes sobre la protección de datos y la soberanía digital. La condena en Londres, junto con las revelaciones sobre el uso de sistemas migratorios para fines de inteligencia, ofrece un modelo de respuesta legal que algunos gobiernos latinoamericanos podrían estudiar ante el avance de infraestructura china en sectores estratégicos.

El caso británico deja al descubierto la vulnerabilidad de las democracias frente a operaciones híbridas que combinan coerción transnacional y explotación de bases de datos oficiales. Mientras Londres refuerza su legislación antiespionaje, Pekín rechaza las acusaciones y las califica de persecución política contra ciudadanos chinos. La sentencia, sin embargo, establece un precedente jurídico que podría inspirar a otros países a revisar sus mecanismos de contrainteligencia, en un contexto global donde la rivalidad entre China y Occidente se libra cada vez más en el terreno de la seguridad interior y la protección de las diásporas.