Las autoridades de Laos presentaron cargos contra el propietario de una destilería por la venta de productos alimentarios nocivos para la salud y por operar un negocio ilegal, en relación con la muerte de seis turistas extranjeros en Vang Vieng en noviembre de 2024. La acusación, anunciada el 17 de julio de 2026 en una conferencia de prensa en Vientián de la que se excluyó a los medios internacionales, no incluye los delitos de homicidio imprudente o suministro de sustancias tóxicas. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Dinamarca, las penas previstas oscilan entre tres meses y cuatro años de prisión, además de una multa. Las autopsias no se practicaron a todas las víctimas y las autoridades laosianas sostienen que al menos una de las fallecidas murió por causas naturales, lo que, a su juicio, impide acreditar el vínculo directo entre el alcohol contaminado con metanol y los decesos.

Desde Canberra, la ministra de Asuntos Exteriores australiana, Penny Wong, calificó la decisión de “profundamente frustrante y amargamente decepcionante” y confirmó que el Gobierno convocó al embajador de Laos y envió a un enviado especial a Vientián para transmitir sus objeciones. Los familiares de las dos jóvenes australianas fallecidas, Bianca Jones y Holly Morton-Bowles, de 19 años, expresaron su “asco” y afirmaron que el resultado demuestra que “sus vidas no importaron”. En Dinamarca, la madre de una de las víctimas danesas denunció que “demasiadas personas han muerto, resultado heridas o han quedado ciegas” para que el caso se salde con una infracción administrativa. Los allegados reclaman además que se refuercen las advertencias de viaje para los turistas que se dirigen al Sudeste Asiático.

El caso permanecerá formalmente abierto durante 15 años, lo que, según fuentes diplomáticas europeas, deja la puerta abierta a que se presenten cargos más graves si se reúnen pruebas suficientes. Analistas en el Sudeste Asiático señalan que la respuesta judicial refleja las limitaciones del sistema legal laosiano y la tensión entre la necesidad de proteger una industria turística clave y la presión de los países emisores de visitantes. Con anterioridad, diez personas vinculadas al albergue Nana Backpackers Hostel ya habían sido acusadas de destruir pruebas, lo que para los familiares confirma la opacidad de la investigación.

El enviado australiano, Pablo Kang, tiene previsto reunirse con las autoridades de Laos en los próximos días, mientras que Wong llevará el asunto a una reunión ministerial del Sudeste Asiático en Manila. La próxima vista judicial está fijada para septiembre, a la espera de los informes periciales. Los familiares de las víctimas estudian recurrir la calificación de los cargos ante instancias internacionales, al tiempo que varios gobiernos occidentales revisan sus alertas consulares para Laos.