El bloguero y abogado Ilya Remeslo fue detenido el 17 de julio en San Petersburgo y trasladado a Moscú, donde el Tribunal Basmanny decretó su ingreso en prisión preventiva hasta el 16 de septiembre. La Fiscalía rusa le imputa la difusión pública de información deliberadamente falsa sobre las Fuerzas Armadas, agravada por motivos de odio político (artículo 207.3, párrafo “д” del Código Penal), un cargo que contempla hasta diez años de privación de libertad. Según su abogado, Serguéi Badamshin, el proceso se sustenta en la serie de publicaciones que Remeslo difundió en Telegram en marzo de 2026, en las que acusaba a Vladímir Putin de haber desencadenado una “guerra sin salida”, de arruinar la economía y de ejercer la censura, y reclamaba que fuera juzgado como criminal de guerra.

La detención se produce tras un giro abrupto en la trayectoria del bloguero. Hasta principios de 2026, Remeslo era una figura prominente del entorno digital pro-Kremlin: integró la Cámara Cívica de la Federación Rusa entre 2017 y 2023, se encargó de contrarrestar la desinformación en internet y presentó numerosas denuncias contra opositores, en particular contra Alexéi Navalny, contra quien testificó en causas judiciales. De acuerdo con investigaciones de la Fundación Anticorrupción, en el pasado recibió financiación cercana a los diez millones de rublos por parte de empresas vinculadas al exjefe de política interior de la Administración Presidencial, Konstantín Kostin. El propio Remeslo ha reconocido públicamente esos vínculos.

Desde la óptica de las autoridades rusas, la aplicación del artículo 207.3 se enmarca en la protección de la veracidad informativa sobre la operación militar en Ucrania y en la defensa de la estabilidad constitucional. Fuentes de los organismos de seguridad citadas por la agencia TASS confirmaron que el caso es instruido por la Dirección General de Investigación del Comité de Instrucción. En paralelo, analistas en Bruselas y en capitales latinoamericanas observan la detención como un eslabón más de una cadena de medidas restrictivas contra voces críticas, que incluye la reciente designación del político Borís Nadezhdin como “agente extranjero” y la multa que se le impuso por exhibir simbología extremista. Para observadores en Madrid y Buenos Aires, el episodio ilustra la práctica de recurrir a internamientos psiquiátricos —Remeslo pasó un mes en un hospital de San Petersburgo tras su manifiesto— como mecanismo de contención de la disidencia antes de la judicialización penal.

El arresto de Remeslo se produce en un momento de creciente presión sobre el espacio público ruso. La ley contra las “noticias falsas” sobre el ejército, promulgada en marzo de 2022, ha sido utilizada para procesar a periodistas, activistas y cargos electos municipales. En el caso de Remeslo, la imputación por odio político añade un agravante que, según juristas consultados por medios rusos independientes, refleja la voluntad de señalar la motivación ideológica del desafío al relato oficial. El bloguero, que tras salir del psiquiátrico continuó publicando críticas y llegó a vaticinar que Putin “será esposado este otoño”, no ha rectificado sus declaraciones. El sumario se encuentra en fase de instrucción y se espera que en las próximas semanas se formalice la acusación definitiva ante el tribunal.