La confluencia de inteligencia artificial y participación ciudadana está redefiniendo la fiscalización del tránsito en el continente americano. En Mendoza (Argentina), el gobierno provincial habilitó “Modo Testigo”, un canal de WhatsApp para que los ciudadanos envíen fotos y videos de maniobras peligrosas; en una primera etapa, el material solo se usará para campañas educativas, sin multas. Simultáneamente, en São Paulo, cámaras con IA comienzan a multar a conductores sin cinturón o usando el celular en la autopista Raposo Tavares, mientras que en Santa Mónica (California) vehículos de estacionamiento equipados con IA imponen sanciones a quienes bloquean ciclovías. En Lima, el aplicativo “Lima Reporta” permite a inspectores municipales capturar infracciones mediante dispositivos móviles y emitir papeletas tras una validación central.

Los sistemas varían en su automatización y operación. En el caso mendocino, la denuncia es voluntaria y pasa por un análisis humano antes de cualquier difusión; las autoridades insisten en que no habrá sanciones hasta que la herramienta se integre con la app oficial y se añadan verificaciones de metadatos. Por contraste, en las carreteras paulistas y californianas la detección es automática: las cámaras capturan la infracción y un agente revisa antes de emitir la multa, un modelo que en la Raposo Tavares detectó 1.000 faltas en solo 72 horas de prueba. En Lima, el despliegue de “Lima Reporta” generó 34.000 papeletas cuestionadas en el distrito de San Miguel por falta de señalización adecuada, lo que obligó a suspender las sanciones y abrió un debate sobre el debido proceso en la fiscalización electrónica.

Desde la óptica de las administraciones locales, estas herramientas buscan disuadir conductas de riesgo más que recaudar, aunque los críticos advierten un posible afán recaudatorio y riesgos para la privacidad. En Santa Mónica, el programa de ciclovías cuesta 200.000 dólares anuales y se financia con las multas, pero las autoridades locales subrayan que la meta es “cambiar el comportamiento del conductor”. En contraste, en São Paulo la proliferación de cámaras en autopistas concesionadas sugiere un modelo de negocio ligado a la fiscalización. Analistas en Estados Unidos recuerdan que experiencias previas, como las cámaras de velocidad en San Francisco, lograron reducir los excesos en un 80 %, un antecedente que alienta la expansión.

El próximo hito será el paso a la operación plena y su evaluación. Mendoza prevé para agosto la fase sancionatoria con validación automática de metadatos; en São Paulo las multas comienzan el 3 de agosto en la Raposo Tavares y se sumarán equipos en otras vías; en Lima, Surco inició la colocación de papeletas el 4 de mayo tras una marcha blanca. La clave estará en si los sistemas logran equilibrar la eficacia disuasiva con el respeto al debido proceso y la aceptación ciudadana, un reto que las ciudades latinoamericanas y estadounidenses enfrentan con distintos marcos legales y culturales.