El primer ministro húngaro, Péter Magyar, ha puesto en marcha una reforma constitucional que incluye la destitución exprés del presidente Tamás Sulyok, límites de mandato para parlamentarios y una edad máxima de 70 años para los jueces del Tribunal Constitucional. La enmienda, aprobada el lunes por 139 votos a favor y 6 en contra, obliga al jefe del Estado —calificado por Magyar como “marioneta” de su predecesor, Viktor Orbán— a firmar su propia remoción antes del sábado o enfrentar un proceso de destitución parlamentaria. La norma también fija un tope de doce años en el cargo para los diputados, lo que, según analistas en Budapest, dejará fuera de la próxima legislatura a la mitad de la actual bancada de Fidesz y a casi toda su cúpula, incluido el propio Orbán, quien ya no podrá regresar al Parlamento.

De forma paralela, el Ejecutivo confirmó el inicio de una investigación contra el ex ministro de Asuntos Exteriores Péter Szijjártó por sus presuntos contactos con Rusia. Durante la campaña, Magyar había acusado a Szijjártó de “traición” y prometió indagar si existió un canal informal con Moscú para intercambiar información sensible sobre procesos internos de la Unión Europea. El ex canciller, que ocupó el cargo entre 2014 y 2026, anunció el 15 de julio su renuncia al escaño parlamentario y su incorporación al fabricante chino de vehículos eléctricos BYD, empresa que durante su gestión recibió cuantiosos subsidios estatales. Desde el gobierno se indicó que el expediente contiene documentos secretos y que los resultados se comunicarán cuando sea posible.

Organizaciones internacionales de derechos humanos han expresado reservas sobre los métodos empleados. Amnistía Internacional consideró que el procedimiento contra Sulyok carece de garantías legales, mientras que Human Rights Watch remitió un informe a la comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo en el que advierte que “restaurar el Estado de derecho no se logra con otras violaciones” y reclama consultas auténticas antes de modificar la Constitución. Desde Bruselas, la presidenta de la Comisión Europea había calificado la caída de Orbán como un acontecimiento histórico, pero el nuevo escenario obliga a las instituciones comunitarias a evaluar si la mayoría parlamentaria de Tisza está siendo utilizada para una venganza política que erosione la separación de poderes.

La ofensiva legislativa se produce tras la victoria aplastante de Magyar en las elecciones del 12 de abril, que puso fin a dieciséis años de gobiernos de Fidesz. El nuevo primer ministro sostiene que los húngaros votaron por un “cambio de sistema” y no solo de gobierno, y ha bautizado el proceso como “Operación Fuego Purificador”. Mientras Sulyok baraja remitir la enmienda al Tribunal Constitucional —aún integrado por jueces designados durante la era Orbán—, el Parlamento europeo deberá decidir si abre un debate formal sobre la situación del Estado de derecho en Hungría. La investigación sobre Szijjártó, por su parte, añade un frente diplomático con Moscú en un momento en que el nuevo gobierno redefine las alianzas estratégicas del país centroeuropeo.