El Bundeslagebild, el informe de situación presentado en Berlín por el ministro del Interior Alexander Dobrindt y el presidente de la Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA), Holger Münch, documenta un máximo histórico en delitos sexuales contra menores sin contacto físico. En 2025 se registraron más de 20.000 víctimas, un incremento cercano al 5% respecto al año anterior, con un aumento del 16,5% en los abusos que ocurren íntegramente en el entorno digital. Las autoridades alemanas subrayan que estas cifras representan solo el campo visible, ya que el subregistro podría duplicar la magnitud real del fenómeno.

El mecanismo que acelera esta dinámica es la incorporación de la inteligencia artificial generativa a las estrategias de los agresores. Según el análisis del BKA, las aplicaciones con IA permiten fabricar identidades falsas y simular amistad y cercanía en chats, lo que facilita el ciberacoso sexual o cybergrooming. Esta manipulación deriva con frecuencia en sextorsión —chantaje con imágenes íntimas reales o manipuladas digitalmente—, una práctica que, según estimaciones citadas por la comisionada independiente Kerstin Claus, afectaría al 11% de todos los niños y adolescentes a escala global. Al mismo tiempo, las denuncias de abusos transmitidos en directo por livestreaming, con origen frecuente en Filipinas, pasaron de 25 a más de 250 en el primer semestre de 2026. Casi la mitad de los contactos iniciados en plataformas de videojuegos o redes sociales desembocan en encuentros presenciales, y en el 70% de esos casos se consuma el abuso físico.

Desde la óptica de las autoridades germanas, la respuesta exige herramientas de identificación que rompan el anonimato digital. Dobrindt condicionó la eficacia policial a la aprobación de la conservación de direcciones IP durante tres meses, un proyecto de ley que el Parlamento alemán debatirá en otoño. En paralelo, el BKA advirtió que desde abril de 2026 existe un vacío legal en la Unión Europea para la detección y notificación de contenidos de abuso infantil, tras el fin de la normativa anterior. Bruselas trabaja en una solución interina que expirará en abril de 2028, mientras se negocia la regulación definitiva CSA (Child Sexual Abuse Regulation).

El debate ha trascendido las fronteras alemanas. En Suecia, la organización Liberala Kvinnor publicó un manifiesto en el que establece una relación directa entre la violencia sexual digital y el deterioro de la salud mental de las adolescentes. Datos de la Agencia de Salud Pública sueca indican que el 45,1% de la población ha sufrido acoso sexual digital, y la tasa de suicidio entre niñas de 10 a 14 años crece un 4,5% anual. La entidad exige verificación de edad para el acceso a pornografía en internet, formación obligatoria para padres al inicio de la educación secundaria, bloqueo de redes sociales en equipos escolares y la creación de una red nacional de atención psicológica virtual. El próximo hito factual será la votación en el Bundestag sobre la retención de IP, prevista para el otoño boreal, y el avance de la normativa europea permanente antes de abril de 2028.