El número de civiles muertos o heridos en la guerra entre Rusia y Ucrania aumentó un 37% en el primer semestre del año respecto al mismo período anterior, según informó la Misión de Observación de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ucrania. La representante de la misión, Danielle Bell, detalló desde Ginebra que se documentaron 1.396 civiles fallecidos y 7.978 heridos en territorio ucraniano, mientras que en Rusia, basándose en fuentes abiertas consideradas creíbles, se registraron 250 muertos y 1.596 heridos, un incremento del 121%. El Alto Comisionado atribuyó esta escalada al uso intensivo de misiles balísticos, drones de largo alcance y bombas planeadoras en las zonas de frente, y recordó que los ataques deliberados contra civiles constituyen crímenes de guerra.

La transformación tecnológica del conflicto explica en parte la letalidad sostenida. Fuentes del Ministerio de Defensa ucraniano presentes en el Salón Aeronáutico de Farnborough señalaron que los drones de ataque de largo alcance, como el Liutyi —capaz de portar una cabeza de 50 kilos y que ha sufrido más de 200 modificaciones desde su creación—, han redefinido la capacidad de golpear infraestructura crítica en el interior de Rusia. La misma fuente indicó que los ciclos de actualización se han comprimido a tres meses porque las contramedidas rusas obligan a renovar constantemente los sistemas. Esta dinámica genera una profunda asimetría de costos: mientras un dron FPV puede costar unos 500 dólares, interceptar un ataque masivo con misiles Patriot resulta financieramente insostenible, según el razonamiento expuesto por Kiev. No obstante, fabricantes de armamento consultados por analistas de defensa en el Báltico advierten de la dificultad de mantener el equilibrio entre la innovación acelerada y la producción a escala, un dilema que lleva a las empresas a apostar por plataformas modulares y actualizables por software.

En el plano económico, la presión sobre Moscú se intensifica. Analistas energéticos en Bruselas observan que Rusia, pese a ser uno de los mayores exportadores de hidrocarburos, ha comenzado a racionar combustible en su territorio y en la ocupada Crimea, donde se declaró el estado de emergencia. La campaña ucraniana de ataques con drones contra refinerías y depósitos ha mermado la capacidad logística rusa. Al mismo tiempo, la Unión Europea formalizó en enero la prohibición de importar gas ruso, con el objetivo de eliminar los volúmenes restantes para finales de 2027, y Estados Unidos se ha consolidado como el principal proveedor de GNL del bloque. Desde Washington se interpreta que, incluso si se levantasen las sanciones tras un hipotético alto el fuego, la reputación de Rusia como suministrador fiable está gravemente dañada. En Pekín, en cambio, se percibe una oportunidad para incrementar el poder de negociación: China ha ejercido moderación deliberada en sus compras de hidrocarburos rusos, lo que, según observadores en el Sudeste Asiático, profundiza la dependencia de Moscú hacia Beijing en financiación, tecnología y cobertura política.

Sobre el terreno, la guerra de desgaste se consolida sin señales de solución a corto plazo. La contraofensiva ucraniana de 2023, preparada con entrenamiento de la OTAN, no logró romper las líneas fortificadas rusas, y desde entonces la iniciativa ha correspondido a las tropas del Kremlin, aunque con avances lentos y costosos. El cansancio es visible tanto en la población civil como en las autoridades de Kiev, según testimonios recogidos por corresponsales que han visitado el país en repetidas ocasiones. En el plano diplomático, Corea del Norte reafirmó su apoyo inquebrantable a Rusia durante una reunión de ministros de Exteriores en Moscú, lo que refuerza la cooperación militar entre ambos países. Las conversaciones impulsadas por Estados Unidos para un cese de hostilidades permanecen estancadas, y la ONU insiste en que la protección de la población civil debe ser prioritaria mientras el conflicto se adentra en su quinto año.