El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este jueves que retirará las citaciones judiciales emitidas contra periodistas de The New York Times, luego de que un juez federal cuestionara duramente la legalidad del procedimiento. Durante una audiencia en Manhattan, el fiscal Sean Buckley aceptó retirar las órdenes de comparecencia y los requerimientos de registros telefónicos que también alcanzaron por error a familiares de los reporteros. El juez Arun Subramanian había advertido que las citaciones a la prensa deben ser el último recurso en una investigación, no el primero, y señaló que el gobierno había invertido el sentido de la ley y las normas internas del propio Departamento de Justicia.

La decisión se produjo tras un tenso intercambio en el que el magistrado llegó a mencionar la posibilidad de sanciones por las imprecisiones en las presentaciones judiciales del gobierno. Desde la redacción del diario neoyorquino, el vicepresidente y consejero general adjunto, David McGraw, calificó la retirada como “una importante afirmación del compromiso del país con una prensa libre”, aunque subrayó que las citaciones nunca debieron haberse emitido. En contraste, un portavoz del Departamento de Justicia responsabilizó al juez de bloquear la presentación de pruebas en una investigación de seguridad nacional y defendió el derecho del gran jurado a escuchar a todos los testigos materiales.

El origen del conflicto se remonta a las publicaciones del Times a principios de julio, en las que, citando fuentes anónimas, se informó que el presidente Donald Trump utilizó el antiguo Air Force One para abandonar Turquía tras una cumbre de la OTAN porque el nuevo avión, un Boeing 747-8 donado por Qatar, carecía de sistemas antimisiles y otras capacidades defensivas. Las revelaciones coincidieron con el colapso de un alto el fuego en la guerra que Estados Unidos e Israel libran contra Irán, lo que, según la fiscalía, generó una “preocupación sustancial de seguridad nacional” por la filtración de información clasificada.

Analistas en Washington observan que este episodio se inscribe en una ofensiva más amplia de la administración Trump contra medios de comunicación. En meses recientes, el gobierno ha emitido citaciones similares contra periodistas de The Washington Post y The Wall Street Journal, mientras que el propio presidente ha promovido demandas privadas contra organizaciones informativas. Organizaciones de defensa de la prensa, tanto en Estados Unidos como desde América Latina y Europa, han señalado que el recurso frecuente a estas herramientas legales puede tener un efecto disuasorio sobre el periodismo de investigación. El gobierno, por su parte, insiste en que el objetivo no son los reporteros sino los funcionarios que filtran información clasificada.

La investigación sobre la filtración continúa abierta, pero las citaciones quedan sin efecto. El juez Subramanian dejó abierta la posibilidad de que el gobierno solicite nuevas órdenes si cumple con los procedimientos que exigen agotar otras vías de investigación antes de recurrir a la prensa. El caso reaviva el debate sobre los límites entre la protección de secretos de Estado y las garantías constitucionales a la libertad de expresión, un equilibrio que distintas tradiciones jurídicas, desde la óptica europea hasta la interamericana, abordan con estándares diversos.