El gasto social en Alemania alcanzó en 2025 un nuevo máximo del 32% del producto interior bruto, con un desembolso total de 1,43 billones de euros, según datos del Ministerio de Trabajo germano. El incremento, del 5,7% interanual, duplica el crecimiento nominal de la economía y está impulsado sobre todo por las prestaciones por desempleo y el seguro de dependencia. Al mismo tiempo, el fondo fiduciario de la Seguridad Social estadounidense se encamina a un déficit que en 2032 solo permitirá abonar el 78% de las pensiones, lo que supondría un recorte medio de 450 dólares mensuales para 70 millones de beneficiarios. Desde Washington, analistas advierten de que cada año de inacción legislativa encarece la solución: el aumento de cotizaciones necesario para garantizar la solvencia durante 75 años ha pasado del 2% en 2009 al 4,5% actual.

Esa presión macroeconómica se replica en los presupuestos familiares. La Federación Nacional de Minoristas de Estados Unidos proyecta un gasto récord de 146.800 millones de dólares en la vuelta al cole, un 10% más que en 2025, pese a que el 57% de los padres teme un deterioro económico. La paradoja se explica, según observadores del sector, por la negativa de las familias a recortar en lo que consideran esencial, aunque recurran cada vez más a la financiación a plazos y a las marcas blancas. A esta tensión se suma la de la llamada «generación sándwich»: un informe de Care.com revela que el 82% de los adultos que cuidan simultáneamente de hijos menores de 14 años y de padres ancianos se sienten financieramente ahogados, y el 55% ha rechazado un ascenso o un aumento salarial por sus responsabilidades de cuidado.

En el plano político, las respuestas oscilan entre la ampliación de derechos y la búsqueda de nuevos ingresos. En el Congreso estadounidense, una coalición de 23 organizaciones de veteranos impulsa la ley «Take Care of America’s Veterans Act», que unifica más de 60 prioridades estancadas —desde el fin de la compensación entre pensión militar y por discapacidad hasta ayudas a cuidadores—, aunque su financiación depende de un controvertido ahorro en prestaciones por apnea del sueño y tinnitus. Al otro lado del Atlántico, en Francia, el debate preelectoral gira hacia la fiscalidad de los 17 millones de jubilados, cuyas pensiones absorben el 14,6% del PIB. El ex primer ministro Édouard Philippe ha pedido abiertamente que los pensionistas «contribuyan más» al sistema, mientras se estudian medidas como el recorte de exenciones fiscales o la modificación de la CSG. En paralelo, una iniciativa de 60 universidades estadounidenses promueve carreras de tres años y 90 créditos —en lugar de los 120 tradicionales— para reducir un 25% el coste total de la matrícula, una reforma que, desde la óptica de Boston, ataca simultáneamente la asequibilidad familiar y la inflación de la burocracia académica.

El telón de fondo es un replanteamiento del pacto intergeneracional. Mientras en Alemania el gasto en pensiones y sanidad crece muy por encima de la economía, en Estados Unidos un tercio de los jóvenes cree que no cobrará la Seguridad Social. La confluencia de sistemas públicos tensionados y hogares exprimidos entre el cuidado de hijos y mayores dibuja un escenario en el que las decisiones que se tomen —o se pospongan— en los próximos meses definirán el perímetro del Estado de bienestar. La próxima cita relevante será la votación del paquete de veteranos en la Cámara de Representantes, mientras en Francia todas las miradas están puestas en las elecciones presidenciales de 2027, donde la reforma de las pensiones será ineludible.