Apagones masivos y cortes programados de electricidad afectan a millones de personas en Túnez, Georgia, Abjasia y Líbano. Las interrupciones coinciden con crisis financieras en las empresas estatales, olas de calor extremo y fallos en infraestructuras críticas de transmisión.

En Túnez, la empresa estatal STEG aplica desde mediados de julio cortes rotativos en más de 60 delegaciones y 26 zonas de la capital, según anuncios oficiales. La demanda superó los 5.000 megavatios en horas punta, un 30% más que lo habitual debido a la canícula, mientras la deuda de la compañía asciende a 7.300 millones de dinares. El presidente Kais Saied denunció, sin presentar pruebas, “intentos de hacer sufrir al pueblo” por parte de actores no identificados. La producción eléctrica tunecina depende en más del 90% del gas natural, en parte importado, y las energías renovables apenas cubren el 6%. Una interconexión con Italia está en proyecto, pero aún no operativa. Mientras, Argelia y Marruecos han reforzado sus capacidades: Argelia añadió 1.850 megavatios adicionales y Marruecos importa entre 800 y 1.000 megavatios desde España.

En el Cáucaso, un apagón generalizado dejó sin suministro a toda Georgia y Abjasia alrededor de la medianoche del jueves, según reportes de medios locales. Las causas son contradictorias: fuentes georgianas apuntan a una avería en la línea de alta tensión que conecta con Turquía, mientras el Ministerio de Energía abjasio y otras informaciones señalan un fallo sistémico en la central hidroeléctrica de Inguri, cuyas instalaciones se reparten entre ambos territorios. El consumo se desplomó de 1.860 a 563 megavatios-hora. Horas después, el suministro comenzó a restablecerse de forma gradual en varios distritos de Tiflis, aunque persisten problemas con las comunicaciones móviles.

En Líbano, el ministro de Energía, Joe Sadi, advirtió que el mantenimiento del suministro actual —de siete a nueve horas diarias— depende de que el Estado transfiera 50 millones de dólares mensuales a la empresa pública Electricité du Liban. La deuda estatal con la compañía asciende a unos 330 millones de dólares, agravada por el alza del precio del fuel durante el conflicto de marzo. El Gobierno rechazó un aumento de tarifas por la crisis social, por lo que el ministro condicionó la continuidad del servicio al pago inmediato y afirmó que “tomará las medidas que considere oportunas” si no recibe los fondos. Las autoridades de los países afectados investigan las causas de los fallos y aplican medidas de emergencia, mientras la población enfrenta temperaturas récord y servicios básicos interrumpidos.