La decisión del nuevo primer ministro británico, Andy Burnham, de mantener el permiso para que Estados Unidos utilice bases militares del Reino Unido en sus operaciones contra Irán ha desencadenado una escalada retórica y de amenazas directas hacia territorio europeo. Teherán respondió advirtiendo que la base aérea de Fairford, en el suroeste de Inglaterra, se convierte en un «objetivo legítimo» para sus fuerzas, una declaración que llevó al Gobierno británico a proclamar el estado de alerta permanente de sus Fuerzas Armadas y a activar su sistema de defensa antimisiles multicapa en coordinación con la OTAN.

De acuerdo con los comunicados del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) y del Ministerio de Exteriores iraní, la autorización británica para que bombarderos estratégicos B-1 estadounidenses operen desde Fairford constituye una «violación flagrante» de la Carta de Naciones Unidas y convierte al Reino Unido en cómplice de una «agresión militar». Desde Teherán se insiste en que la presencia de fuerzas estadounidenses en países vecinos como Kuwait, Bahréin o Jordania no respeta la soberanía de esas naciones, y que los ataques iraníes contra instalaciones que albergan tropas o equipos de EE UU se enmarcan en su «derecho legal, religioso y lógico» a la legítima defensa. Fuentes del Gobierno iraní también acusan al «régimen monárquico británico» de ser responsable histórico de desgracias regionales, enumerando desde el golpe de 1953 hasta el apoyo a Sadam Husein durante la guerra Irán-Irak.

Por su parte, Londres subraya que la renovación del acuerdo con Washington —aprobada inicialmente por el anterior Ejecutivo de Keir Starmer y confirmada por Burnham al asumir el cargo— se limita a operaciones «defensivas» destinadas a degradar la capacidad de los sistemas de misiles que amenazan la navegación en el estrecho de Ormuz. Según fuentes gubernamentales británicas, la defensa aérea y antimisiles del país opera las 24 horas, integrando activos de la Marina Real, el Ejército y la Real Fuerza Aérea en estrecha colaboración con los aliados de la OTAN. No obstante, esta postura ha generado tensiones políticas internas: el Partido Verde y los Liberales Demócratas consideran que la cooperación convierte al Reino Unido en copartícipe de posibles crímenes de guerra, mientras que desde Washington el presidente Donald Trump calificó la conversación telefónica con Burnham como «muy bien» y anticipó posibles operaciones de combate más amplias que la ya concluida «Epic Fury».

En el terreno, la situación ha implicado ataques iraníes contra bases con presencia militar estadounidense en Kuwait —donde según el IRGC se destruyeron almacenes de equipos, un sistema Patriot y helicópteros— y en Jordania, con impactos en sistemas de radar y tanques de combustible. Kuwait reportó además daños en infraestructuras civiles, como plantas eléctricas y desalinizadoras, en un contexto de temperaturas extremas que agrava la crisis humanitaria. La Casa Blanca, a través del Mando Central (CENTCOM), insiste en que mantiene abierto el paso por el estratégico estrecho de Ormuz pese al bloqueo naval aplicado a puertos iraníes y ha escoltado a más de 900 buques comerciales desde mayo. Sin embargo, Teherán reivindica el minado del estrecho y advierte de que «mientras las tropas estadounidenses permanezcan en la región», esa vía permanecerá cerrada para los petroleros.

La reactivación del conflicto armado entre Irán y Estados Unidos —tras el colapso, a principios de julio, del memorando de cese al fuego firmado en junio— ha llevado a que el Congreso estadounidense apruebe una resolución para limitar las competencias bélicas de Trump y ha motivado la retirada temporal del personal diplomático británico de Teherán. El episodio con la base de Fairford introduce un elemento nuevo en la crisis: la posibilidad de que la guerra se extienda físicamente al continente europeo, un riesgo que hasta ahora se consideraba remoto. En Madrid y en las cancillerías latinoamericanas con intereses comerciales en el Golfo Pérsico se observa con inquietud el impacto sobre los precios energéticos y la seguridad marítima, mientras las partes mantienen sus posiciones sin visos de un nuevo canal de negociación.