Los seis Estados miembros del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) y Jordania emitieron el jueves una declaración conjunta en la que califican los ataques iraníes contra sus territorios e infraestructuras como “actos de agresión flagrantes” que violan la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional. El texto, difundido en el sitio oficial del CCG, detalla que las hostilidades se han intensificado desde febrero de 2026 y que no cesaron ni siquiera tras la firma del memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán el 17 de junio. Los siete países señalan que los ataques se han centrado especialmente en Baréin, Kuwait y Jordania, y han alcanzado plantas energéticas, desalinizadoras, puertos, aeropuertos y otros bienes de carácter civil. En consecuencia, exigen al Consejo de Seguridad de la ONU que emita una resolución inmediata ordenando el cese de las agresiones y que reconozca el derecho de los Estados afectados a defenderse, de forma individual o colectiva, conforme al artículo 51 de la Carta.

Desde Teherán, tanto el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores como el representante iraní ante Naciones Unidas rechazaron las acusaciones. Afirman que la República Islámica actúa en ejercicio de su legítima defensa frente a una agresión militar estadounidense e israelí que —según sostienen— ha contado con la participación de los mismos países del Golfo y Jordania que ahora firman la condena. Para sustentar este argumento, citan declaraciones del comandante del CENTCOM, general Brad Cooper, quien, según medios iraníes, identificó explícitamente a esos Estados como parte de la ofensiva contra Irán. “Si esta afirmación es falsa, esos gobiernos deben desmentirla oficialmente; si es cierta, entonces carece de fundamento que se quejen cuando Irán responde legítimamente contra bases militares estadounidenses en su suelo”, retó el vocero Esmail Beqai en sus redes sociales. La delegación iraní ante la ONU insistió en que todas sus acciones son “defensivas, necesarias y conformes con el derecho internacional”, y advirtió que la continuación de los ataques ilegales por parte de Washington amenaza la estabilidad regional y la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz.

Analistas y expertos consultados en la región advierten sobre las repercusiones de una escalada que, de no contenerse, podría tener “consecuencias catastróficas” a nivel global. Desde El Cairo, la profesora de ciencias políticas Nehal Abu Bakr subrayó que los ataques permanentes contra infraestructura civil y las amenazas a pasos estratégicos como Ormuz ponen en riesgo la seguridad energética mundial y la economía internacional, además de agravar los desafíos humanitarios y ambientales. En una línea similar, el experto militar saudí Abdullah al-Asiri consideró que la política iraní está provocando un aislamiento diplomático creciente y la expone a lo que calificó de “suicidio diplomático y militar”, al tiempo que erosiona años de esfuerzos por construir relaciones de buena vecindad. Por su parte, la declaración conjunta reafirmó el compromiso de los firmantes con la libertad de navegación en Ormuz y Bab el-Mandeb, y expresó su disposición a colaborar con la Organización Marítima Internacional para establecer mecanismos permanentes de seguridad.

El dossier se encuentra ahora en manos del Consejo de Seguridad, donde los países del Golfo y Jordania esperan una resolución que obligue a Irán a cesar las hostilidades. Mientras tanto, Teherán mantiene su exigencia de que Estados Unidos ponga fin a lo que considera una violación sistemática del memorando de Islamabad, libere las vías marítimas y deje de atacar infraestructura iraní. La declaración conjunta, además, respaldó la decisión del primer ministro iraquí de limitar al Estado el monopolio de las armas y celebró los esfuerzos de mediación de Arabia Saudita y Omán en el conflicto yemení. En este escenario, la capacidad del Consejo para emitir una decisión contundente se perfila como la próxima prueba de fuego para la arquitectura de seguridad en Oriente Medio.