El activista Sonam Wangchuk terminó su huelga de hambre de 26 días la madrugada del viernes, en presencia de dos ministros del gobierno de Narendra Modi, tras recibir garantías de que se retirarían los cargos contra estudiantes que protestaran de forma pacífica. La decisión se produjo horas después de que el primer ministro Modi anunciara la creación de tribunales de vía rápida y un nuevo proyecto de ley con sanciones más severas para los responsables de filtraciones de exámenes, un gesto que busca aplacar la mayor movilización juvenil contra su gobierno en una década. Sin embargo, el Partido Cucaracha (CJP), colectivo satírico que lidera las manifestaciones, mantiene su exigencia de dimisión del ministro de Educación, Dharmendra Pradhan, a quien responsabilizan de las irregularidades en la prueba de acceso a medicina NEET-UG.

La crisis ha polarizado el panorama político. La alianza opositora INDIA, encabezada por el histórico Partido del Congreso, respalda la demanda de renuncia y ha forzado el bloqueo de las sesiones parlamentarias durante cuatro días consecutivos. Figuras como Rahul Gandhi acusan al ejecutivo de autoritario y exigen justicia para los estudiantes fallecidos por suicidio. En contraste, desde el oficialista Partido Bharatiya Janata se insiste en que la dimisión es una línea roja y se acusa a la oposición de politizar un asunto sensible, mientras se tiende la mano al diálogo. Analistas en América Latina observan similitudes con protestas estudiantiles recientes en la región, donde la combinación de crisis educativa y descontento generacional ha hecho tambalear gobiernos.

Las protestas, que comenzaron en junio como una campaña en redes contra los fallos del sistema de exámenes, escalaron tras una controvertida actuación policial el 20 de julio, cuando miles de manifestantes fueron dispersados con gases lacrimógenos y cargas con porras durante una marcha hacia el Parlamento. Los enfrentamientos dejaron más de 90 heridos según los convocantes, y denuncias de uso de balines de goma por parte de las fuerzas de seguridad, lo que el gobierno niega. La ola de solidaridad ha trascendido Delhi: se registraron protestas en Mumbai, Chennai y otras ciudades, y el cierre de 17 estaciones de metro en la capital evidencia el impacto en la vida cotidiana y el comercio, con pérdidas de hasta un 70% en la zona de Connaught Place.

El detonante inmediato es la filtración masiva del examen NEET, que afectó a más de dos millones de aspirantes y se vinculó con una docena de suicidios, pero el malestar enmascara una frustración más profunda de la juventud india por el desempleo, la privatización educativa y la falta de oportunidades. Desde la óptica de Bruselas, analistas del Servicio Europeo de Acción Exterior advierten que la continuidad de la agitación podría erosionar la estabilidad de un socio estratégico y retrasar la agenda reformista de Modi. El gobierno se ha comprometido a aprobar la nueva legislación la próxima semana con el apoyo de una mayoría parlamentaria, mientras la CJP convoca una jornada nacional de protesta este viernes, poniendo a prueba la capacidad del ejecutivo para reconducir el descontento sin ceder en el punto que la calle considera innegociable.