Washington ha impuesto aranceles adicionales de entre el 10 y el 12,5 por ciento a las importaciones de unas sesenta economías, apenas un día después de que expirara el gravamen general previo que la Corte Suprema había declarado ilegal. La nueva medida, justificada por supuestas deficiencias en la prevención del trabajo forzoso en las cadenas de suministro, afecta a socios comerciales como Australia, México, Canadá, Vietnam, Tailandia y varios países europeos, y ha tensado de inmediato las relaciones diplomáticas.

Desde Canberra, el Gobierno de Anthony Albanese calificó el arancel de “injustificado” y adelantó que el primer ministro lo planteará personalmente a Donald Trump. Analistas del Sudeste Asiático consideran que estas tarifas agravan la imagen de Washington como un socio poco confiable en la región, sobre todo porque la decisión se conoció un día después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, prometiera un respaldo total a la ASEAN. Fuentes empresariales canadienses ya reportan la pérdida de pedidos masivos y despidos en sectores como el mueble y la electrónica, ante el temor a que el gravamen adicional del 50 por ciento anunciado contra Canadá convierta sus productos en inviables para el mercado estadounidense.

En el plano doméstico, la ofensiva arancelaria coincide con un momento de alta vulnerabilidad política para la Casa Blanca: faltan cien días para las elecciones legislativas y las encuestas otorgan al Partido Demócrata altas probabilidades de recuperar el control de la Cámara de Representantes. La guerra con Irán, la inflación persistente y la baja aprobación presidencial —en torno al 36 por ciento— son factores que, según analistas en Estados Unidos, explican el recurso a los aranceles como herramienta de distracción política.

Desde la óptica de la Ciudad de México se interpreta que la nueva lógica comercial estadounidense no obedece únicamente a Trump, sino a una redefinición estructural de la estrategia económica de Washington. De acuerdo con este diagnóstico, la Casa Blanca ha subordinado la apertura comercial a imperativos geopolíticos —competencia tecnológica con China, seguridad de las cadenas de suministro—, un giro que se mantuvo durante la administración Biden y se profundiza ahora mediante la invocación de leyes como la Sección 301 o la Ley Arancelaria de 1930.

Mientras el G7 y otros foros evalúan respuestas coordinadas, las capitales afectadas afrontan negociaciones con un calendario inmediato: el gravamen a ciertos productos canadienses podría entrar en vigor el 19 de agosto y la administración ya ha adelantado aranceles adicionales a Brasil y a los fabricantes de medicamentos genéricos que no trasladen su producción a suelo estadounidense. La nueva arquitectura arancelaria, según especialistas en comercio internacional, llegó para quedarse y su desmontaje no parece probable mientras los ingresos que genera sirvan para aliviar el déficit fiscal y compensar las presiones del mercado de bonos.