El Senado italiano examina una propuesta de ley bipartidista que prohibiría el uso de teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos digitales a niños menores de tres años. Impulsada por la senadora Simona Malpezzi y respaldada por la Sociedad Italiana de Pediatría (SIP) y la Fundación Terre des Hommes, la iniciativa busca introducir directrices nacionales que cataloguen la exposición temprana a pantallas como una práctica que debe evitarse durante los primeros 36 meses de vida. El texto prevé, además, reforzar la formación de profesionales sanitarios y educativos, así como estructuras de gobernanza que permitan adaptar la norma a la evidencia científica. Según la SIP, una revisión de 78 estudios muestra que cada 30 minutos adicionales diarios frente a una pantalla duplica el riesgo de retraso en el lenguaje, con efectos adversos también sobre la atención, la regulación emocional y el sueño.

La iniciativa italiana no es un caso aislado. En América Latina, distintos países debaten restricciones al acceso de menores a redes sociales y dispositivos. En México, la co-fundadora del centro Restart, Mercedes Palomar, confirmó que ya existe una invitación de Palacio Nacional para discutir una legislación que proteja a las infancias de la “ingeniería de la adicción” diseñada por las plataformas. Especialistas reunidos en un foro en ese país coincidieron en que se requiere prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años y limitar el uso de dispositivos personales en escuelas, aunque subrayaron la necesidad de acompañar cualquier prohibición con educación digital y empatía hacia los adolescentes. En Colombia, un proyecto de ley radicado esta semana propone impedir que los menores de 16 años accedan a redes sociales, mientras que un decreto reglamentario de la Ley 2489 de 2025 obliga a actualizar los manuales de convivencia escolar frente al ciberacoso. No obstante, desde organizaciones como Red PaPaz critican que la normativa no define obligaciones claras para las plataformas ni establece mecanismos de verificación independiente, lo que deja a los colegios sin herramientas para acceder a la evidencia que genera el algoritmo.

Desde la neuropediatría, el médico argentino Claudio Waisburg enfatizó que la exposición temprana a contenidos breves y la búsqueda de recompensas inmediatas alteran funciones ejecutivas, memoria y conducta. “Los chicos se acostumbran a que todo dura tres segundos; no podés darles un libro que dure tres minutos”, afirmó, y advirtió que las redes sociales enmascaran “una soledad encubierta”. La SIP italiana coincide en que el cerebro infantil necesita experiencias reales de relación, contacto y juego, y que la tecnología no debe sustraer ese espacio. Tanto en Europa como en Latinoamérica, los pediatras instan a los padres a dar ejemplo reduciendo su propio consumo de pantallas y a establecer límites compartidos en el hogar.

En el ámbito judicial estadounidense, la presión contra las grandes tecnológicas también avanza. Un adolescente de Florida retiró esta semana una demanda contra Meta por los supuestos efectos nocivos de las redes sociales en su salud mental, después de haber alcanzado acuerdos confidenciales con YouTube, TikTok y Snap. El caso era observado como posible precedente para miles de litigios similares. Meta afirmó no haber pagado indemnización alguna, mientras que los abogados del joven declararon que su objetivo de impulsar cambios estaba logrado. Mientras tanto, la propuesta italiana avanza con apoyo de todos los grupos parlamentarios y se espera que en las próximas semanas se abra un debate formal en el Senado. En México y Colombia, las discusiones legislativas apenas comienzan, con la mirada puesta en modelos europeos y en la efectiva aplicación de medidas que equilibren protección y alfabetización digital.