La administración de Donald Trump activó este viernes una nueva fase de su ofensiva arancelaria al imponer gravámenes de entre el 10 % y el 12,5 % a las importaciones de 60 economías, justo cuando expiró el arancel global temporal del 10 % que había establecido tras el varapalo de la Corte Suprema en febrero. La medida, que cubre prácticamente la totalidad de las compras externas estadounidenses, se ampara en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 y en investigaciones que acusan a esos países de no prohibir ni fiscalizar de forma eficaz el ingreso de bienes elaborados con trabajo forzoso. La carga impositiva, no obstante, tiene excepciones relevantes: quedan fuera materias primas estratégicas, combustibles, fertilizantes y los productos que cumplan las reglas del T-MEC.

La decisión distribuye a los socios comerciales en dos bloques. Diecisiete economías que cuentan con leyes o compromisos para impedir la importación de mercancías vinculadas a explotación laboral quedan sujetas al gravamen menor del 10 %; entre ellas figuran Argentina, México, Canadá, la Unión Europea, el Reino Unido e India. El resto, incluidos China, Brasil, Japón, Corea del Sur y la mayoría de los países latinoamericanos y africanos, afrontan la tasa plena del 12,5 %. Para México, alrededor del 85 % de sus exportaciones sigue ingresando con arancel cero gracias al acuerdo de Norteamérica. Argentina, en tanto, mantuvo el piso mínimo con el que ya operaba, algo que desde la Casa Rosada atribuyen al alineamiento político con Washington.

Las reacciones reflejan un mapa de tensiones cruzadas. Desde Brasilia, el gobierno calificó el arancel de “arbitrario e injustificado” y anunció que activará la Ley de Reciprocidad y recurrirá a la Organización Mundial del Comercio. La nueva tasa se suma a otro 25 % impuesto días atrás, por lo que numerosos productos industriales brasileños acumularán una carga del 37,5 %. En Lima, exportadores de uvas, arándanos y espárragos ven amenazada su competitividad, aunque más de dos mil productos peruanos quedaron exentos. La Unión Europea, que se había blindado con un pacto comercial que limita los aranceles al 15 %, consideró que la medida se ajusta a lo pactado, pese a rechazar la premisa del trabajo forzoso. En Pekín, el ministerio de Exteriores advirtió que “las guerras arancelarias no benefician a nadie”, mientras que Tokio tildó la decisión de “lamentable” y Nueva Delhi logró una rebaja del 12,5 % al 10 % tras aprobar legislación restrictiva.

El giro hacia la Sección 301 busca blindar jurídicamente un esquema tarifario que ya fue tumbado por los tribunales. Pero la batería de demandas ya ha comenzado: pequeñas empresas estadounidenses presentaron el viernes un recurso ante el Tribunal de Comercio Internacional, al considerar que la invocación de esta cláusula constituye un uso indebido para replicar aranceles previamente invalidados. Mientras se ventilan los procesos judiciales, el clima de incertidumbre comercial se mantiene, con los mercados atentos a las próximas rondas de negociación entre socios y a las investigaciones que Washington aún mantiene abiertas sobre prácticas industriales que podrían derivar en nuevas sobretasas.