La producción de petróleo de Ghana cayó por sexto año consecutivo en 2025, situándose en 37,3 millones de barriles, casi la mitad de los 71,4 millones alcanzados en 2019. El Instituto para la Seguridad Energética (IES) de Acra estima que el país ha dejado de ingresar más de 16.500 millones de dólares en ese período, una hemorragia fiscal que ilustra el agotamiento de un modelo extractivo basado en campos maduros, inversión insuficiente y la ausencia de nuevos acuerdos petroleros desde 2018.

El declive no es un episodio aislado, sino el síntoma de una crisis estructural que recorre los sectores extractivos africanos. En el oro, principal exportación ghanesa, analistas en Acra denuncian décadas de opacidad fiscal, subdeclaración de producción y un sistema de responsabilidad social corporativa convertido en un fondo discrecional sin trazabilidad. La negociación por la renovación de la concesión de Tarkwa, uno de los mayores yacimientos de Gold Fields, se ha convertido en un termómetro de la nueva actitud gubernamental: el director de la Comisión de Minerales advirtió que no será “lo de siempre”, mientras la reasignación de la mina Damang a una empresa vinculada al hermano del presidente Mahama alimenta la inquietud entre los inversores sobre la previsibilidad contractual.

Esa tensión entre la legítima aspiración a una mayor captura de valor y la necesidad de estabilidad jurídica recorre todo el continente. Desde Luanda, ExxonMobil avanza en su estrategia dual de reurbanización de campos maduros y exploración en aguas profundas tras la extensión de la licencia del Bloque 15 hasta 2037, un ejemplo de cómo la certidumbre fiscal puede desbloquear inversiones. En sentido opuesto, la op-ed de la líder del Partido del Centro sueco, Elisabeth Thand Ringqvist, advierte desde Estocolmo que “las empresas invierten para la próxima década, no para la próxima encuesta”, y que los largos procesos de permisos y los cambios de reglas a mitad de partido desvían el capital hacia otros destinos.

El debate de fondo, subrayado por la UNCTAD y por analistas en Ciudad del Cabo, es si los minerales críticos —cobalto, litio, cobre— serán un puente hacia la industrialización o una nueva trampa de productos básicos. La República Democrática del Congo suministra el 74% del cobalto mundial, pero el valor se concentra en la refinación y la manufactura, fuera del continente. Frente a ello, operadores autóctonos como Oando y Seplat en Nigeria, o KoBold Metals en Zambia, están ampliando carteras y financiación, mientras que foros como la Semana Africana de la Energía y la Semana Minera Africana, previstas en Ciudad del Cabo en octubre de 2026, se perfilan como el escenario donde gobiernos, operadores y fondos de pensiones africanos discutirán si el nuevo pacto minero se traduce en capacidad productiva real o en una nueva vuelta de tuerca a la extracción sin transformación.