El 1 de julio entró en vigor en China la Ley de Promoción de la Unidad Étnica y el Progreso, que formaliza la obligación de usar el mandarín como lengua principal en escuelas y administraciones, exige currículos que fomenten una identidad nacional compartida y, en su artículo 63, establece que personas y organizaciones fuera del país pueden ser consideradas responsables si las autoridades chinas determinan que han perjudicado la unidad étnica o fomentado la división. La legislación, aprobada en marzo por la Asamblea Popular Nacional, abarca también a museos, bibliotecas y políticas de vivienda, y ordena a los padres educar a los menores en el amor al Partido Comunista y a la nación china.

Desde Taipéi, el presidente William Lai calificó la norma de “ley maligna” y anunció un paquete de contramedidas que incluye mecanismos de alerta temprana, refuerzo de la alfabetización mediática y cooperación con socios internacionales para contrarrestar lo que describió como “represión transfronteriza” y “terror rojo”. El Ministerio de Asuntos Exteriores taiwanés advirtió que la ambigüedad deliberada de términos como “perjudicar la unidad étnica” otorga a Pekín un amplio margen para fabricar cargos contra ciudadanos taiwaneses, disidentes y empresas. En Washington, nueve legisladores —entre ellos los líderes de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado— expresaron su “profunda preocupación” por la exigencia de alineamiento ideológico con el Partido Comunista y la cláusula extraterritorial. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió la derogación de la ley al considerar que profundiza las restricciones a las libertades de idioma, educación, religión y expresión. Amnistía Internacional sostuvo que la norma institucionaliza “políticas de asimilación forzada” y empuja a las minorías a adoptar una identidad definida por la cultura han.

Frente a las críticas, el viceministro de Justicia chino, Hu Weilie, defendió la ley como un instrumento contra “actos ilegales que socavan la unidad étnica o incitan al separatismo” y calificó la cláusula extraterritorial de “legítima, legal y necesaria”. Desde Pekín se insiste en que la norma protege los derechos de los 56 grupos étnicos reconocidos y que las campañas de seguridad en regiones como Xinjiang y el Tíbet responden a la lucha contra el terrorismo. Analistas jurídicos en Hong Kong subrayan que el artículo 63 no crea nuevos delitos, sino que remite a figuras ya tipificadas en el código penal y la Constitución, que desde hace décadas castigan la secesión y la incitación a la división étnica. En esa lectura, la ley se limitaría a actos que pongan en peligro la seguridad nacional, no a la mera disidencia.

El gobierno taiwanés ha identificado ocho colectivos en riesgo, entre ellos minorías uigures, tibetanas y mongolas en el extranjero, disidentes políticos, legisladores, periodistas, académicos, empresas con cadenas de suministro no chinas y creadores de contenido digital. Funcionarios de seguridad de la isla advierten que cualquier persona que transite por China o países alineados podría ser detenida y acusada de separatismo. Taipéi ha anunciado que reforzará los sistemas de apoyo consular y la cooperación con “socios afines” para visibilizar lo que considera una expansión de la jurisdicción de largo alcance. Por el momento, Pekín no ha detallado los procedimientos para aplicar la cláusula extraterritorial, pero la entrada en vigor de la ley abre un nuevo frente de tensión en las relaciones a ambos lados del estrecho y con las comunidades de la diáspora.