OpenAI ha iniciado conversaciones para ceder al gobierno de Estados Unidos una participación accionarial del 5%, un movimiento que modifica la relación entre los grandes laboratorios de inteligencia artificial y Washington. La oferta, reportada por la prensa internacional a partir de dos fuentes cercanas a las negociaciones, se produce en un momento de creciente escrutinio gubernamental: en las últimas semanas, la Casa Blanca solicitó a OpenAI retrasar el lanzamiento público de su modelo GPT-5.6 y ordenó a Anthropic restringir el acceso de ciudadanos extranjeros a sus sistemas más avanzados por riesgos de seguridad nacional.

El mecanismo propuesto por Sam Altman, consejero delegado de la compañía, toma como referencia el Alaska Permanent Fund, un fondo soberano que invierte los ingresos petroleros del estado y reparte dividendos anuales entre los residentes. La idea es que las principales empresas estadounidenses de IA —incluidas Anthropic, Google y Meta— destinen un porcentaje similar de su capital a un vehículo de inversión colectiva, cuyos rendimientos se distribuirían directamente a los ciudadanos. Desde la óptica de Silicon Valley, esta arquitectura permitiría compartir de forma institucionalizada la riqueza generada por la automatización, sin depender de transferencias fiscales sujetas a los ciclos políticos.

La iniciativa ha encontrado eco en un espectro político inusualmente amplio. El presidente Donald Trump ya había manifestado su interés en que los estadounidenses participen de las ganancias del sector, mientras que el senador demócrata Bernie Sanders impulsa un proyecto de ley para que un fondo soberano controle hasta el 50% de las grandes firmas de IA. Altman ha discutido la propuesta directamente con Trump, con el secretario de Comercio Howard Lutnick y con el secretario del Tesoro Scott Bessent, así como con el propio Sanders. Analistas en Washington interpretan la oferta como un intento de blindar a la industria frente a regulaciones más restrictivas y de legitimar socialmente una tecnología que despierta temores por su impacto en el empleo y la ciberseguridad.

El contexto financiero añade una capa de complejidad. Tanto OpenAI como Anthropic han presentado de forma confidencial solicitudes para una oferta pública inicial (IPO) en Estados Unidos, lo que ampliaría su base accionarial y generaría plusvalías significativas para los inversores actuales. La eventual entrada del gobierno como accionista, que requeriría aprobación del Congreso, se suma al precedente de la participación del 10% que la administración adquirió en Intel en 2025, una operación que posteriormente se revalorizó hasta superar los 50.000 millones de dólares. Las conversaciones se encuentran en una fase inicial y no hay garantías de que otras empresas acepten sumarse al esquema. El siguiente hito concreto será la evolución de los trámites legislativos necesarios para materializar cualquier transferencia de capital al sector público, en paralelo a los debuts bursátiles previstos para el próximo año.