El comediante turco Deniz Göktaş fue detenido el 2 de julio en el aeropuerto de Estambul al regresar de un viaje al extranjero, después de que un monólogo suyo de 90 minutos, difundido en YouTube, acumulara más de ocho millones de visualizaciones. La fiscalía de Estambul abrió una investigación por “insulto público a los valores religiosos” —delito castigado con penas de seis meses a un año de prisión— tras recibir 185 denuncias ciudadanas. En el espectáculo, titulado Ölü Deniz, Göktaş se refirió al presidente Recep Tayyip Erdoğan como un “dictador tímido que creció en el papel”, ironizó sobre textos sagrados y mencionó al alcalde opositor encarcelado Ekrem Imamoğlu. Aunque la homosexualidad no es ilegal en Turquía, la administración de varios distritos de Estambul prohibió, con el argumento de “proteger el orden público y la paz social”, todos los actos de la 24ª edición de la marcha del Orgullo, celebrada el 28 de junio. Pese a la prohibición, pequeños grupos de activistas se concentraron en distintos puntos de la ciudad, lo que se saldó con 64 personas detenidas, a las que se impidió el acceso a abogados durante horas. Estos dos episodios coinciden con una escalada de procesos judiciales contra voces críticas con el gobierno conservador turco.

Desde la óptica de analistas europeos, la detención de Göktaş se inscribe en un patrón de creciente intolerancia frente a la sátira política y la disidencia. En los últimos meses, la humorista Tuba Ulu fue imputada por una broma sobre el sultán Solimán el Magnífico, y cuatro redactores de la revista satírica LeMan fueron arrestados por una viñeta. Observadores en América Latina señalan que el uso del código penal para acallar a artistas y periodistas recuerda a dinámicas de restricción de libertades en regímenes iliberales. Según datos recogidos por la prensa internacional, desde que Erdoğan asumió la jefatura del Estado en 2014 se han abierto más de 160.000 investigaciones por el delito de injurias al presidente, una figura legal que, de acuerdo con juristas turcos, se aplica de forma discrecional para silenciar a opositores.

El caso de Göktaş también ha reavivado el debate sobre la proyección extraterritorial de la justicia turca. El mismo día de la detención del cómico, el Tribunal Supremo de Suecia bloqueó la extradición de un ciudadano de Uppsala reclamado por Ankara, que lo había condenado en rebeldía a siete años y medio de prisión por pertenencia a la “organización terrorista armada” de Fethullah Gülen, el clérigo al que el gobierno turco responsabiliza del fallido golpe de Estado de 2016. La decisión judicial sueca subraya la reticencia de algunos países europeos a cooperar en causas que, desde la perspectiva de organizaciones de derechos humanos, presentan serias dudas sobre las garantías procesales y la independencia judicial en Turquía.

El comediante permanece bajo custodia policial a la espera de que un juez decida si formaliza su arresto. La fiscalía no ha confirmado si añadirá el cargo de ofensa al presidente, lo que podría agravar la pena. Mientras, los 64 detenidos en la marcha del Orgullo fueron liberados en la madrugada del 29 de junio. Distintas cancillerías europeas siguen con atención el caso Göktaş, y se espera que en los próximos días organizaciones de libertad de expresión emitan pronunciamientos. La oposición turca, debilitada por el encarcelamiento de Imamoğlu y la destitución judicial del líder del Partido Republicano del Pueblo, considera estas detenciones un intento de amedrentar a la sociedad civil antes de la cumbre de la OTAN que se celebrará en breve.