La periodista mexicana Roxana Guzmán, secuestrada el pasado 2 de junio en su domicilio de Nanchital, Veracruz, fue hallada sin vida, según confirmó la Fiscalía General del Estado. Los análisis forenses practicados a restos humanos localizados en un predio de la región permitieron establecer su identidad de manera científica, informaron las autoridades en un comunicado difundido el 3 de julio. El secuestro, registrado en un video que circuló ampliamente, mostraba a dos hombres encapuchados y armados irrumpiendo en la vivienda.

En el marco de la investigación se ejecutaron ocho órdenes de aprehensión por homicidio doloso calificado. Entre los detenidos se encuentran cuatro personas que al momento de los hechos se desempeñaban como policías municipales de Ixhuatlán del Sureste, quienes, de acuerdo con la fiscalía, presuntamente proporcionaban recursos, alimentos y apoyo logístico a la organización delictiva implicada. Los otros arrestados incluyen a individuos identificados con los alias “Delta 1”, “Delta 7”, “Delta 11” y “La Hiena”, señalados como partícipes directos en la privación de la libertad y el homicidio.

El crimen se suma a una serie de asesinatos de periodistas en Veracruz, considerado uno de los estados más peligrosos para el ejercicio de la profesión en México. Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras, con sede en París, y Artículo 19, con presencia en México y Centroamérica, han documentado que en lo que va de 2026 ya son tres los comunicadores asesinados en la entidad. Los registros históricos varían: la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas contabiliza 31 periodistas asesinados entre 2005 y 2024, mientras que Artículo 19 eleva la cifra a 34 desde el año 2000. La propia Guzmán había sido testigo en 2017 del asesinato de su pareja, el también periodista Carlos Fernández Escalante, y había fundado recientemente el portal digital Pulso Informativo del Sureste.

La Fiscalía General de la República atrajo el caso, y las autoridades locales pusieron a los detenidos a disposición del órgano jurisdiccional para la audiencia inicial. Las organizaciones internacionales de defensa de la libertad de prensa condenaron el asesinato y exigieron una investigación que esclarezca tanto la autoría material como la intelectual, en un contexto donde la impunidad sigue siendo la constante. La investigación continúa abierta y no se han dado a conocer los posibles móviles del crimen.